ENRIQUE PEÑAS | Miércoles 22 de octubre de 2014
Con la habitual guerra de cifras y sin incidentes destacables se desarrolló ayer la huelga general convocada por los sindicatos, que en la Sierra tuvo su epicentro en Collado Villalba, precisamente la localidad más castigada por el paro, donde a mediodía se realizó una concentración en la plaza de la Estación, seguida de una marcha por la localidad, prólogo a la manifestación que se celebró por la tarde en Madrid.
“Ha sido una huelga mejor que la del 29-S, nos estamos superando”, manifestó el secretario comarcal de Comisiones Obreras, Julio Suárez, denunciando “coacciones por parte de los empresarios”. Además, valoró positivamente el apoyo ciudadano a la denominada huelga de consumo. Por su parte, Tomás Martín Moyano, de UGT en la Sierra, se refirió a la “persecución” sufrida por parte de la Delegación del Gobierno, calificando el despligue como “desproporcionado”. “Creo que no hay agentes de la Guardia Civil en la sierra, ya que están todos en Collado Villalba”, añadió, asegurando que no se habían registrado actos vandálicos, si bien a primera hora de la mañana tuvo que cortarse la carretera de Moralzarzal (M-608) debido a la quema de neumáticos.
También acudió a la concentración la ex portavoz de Izquierda Unida en Collado Villalba y actual diputada nacional, Ascensión de las Heras,destacó el éxito de la huelga “a pesar de toda la resistencia que se ha llevado a cabo por parte de la patronal, que a veces ha sido escandalosa”.
A falta de conocer los datos oficiales al cierre de esta edición, los sindicatos hablaban de un seguimiento “muy importante”, especialmente en sectores como los de transportes, educación y sanidad, cumpliéndose en todo caso los servicios mínimos. “El seguimiento de la huelga en lo público ronda un 56 por ciento, mientras que los polígonos están vacíos”, aseguró el dirigente comarcal de UGT. Por contra, buena parte de los establecimientos de localidades como El Escorial, San Lorenzo, Galapagar, Torrelodones o Alpedrete abrieron sus puertas con absoluta normalidad, ajenos a una convocatoria que para muchos, tal como señalaba a primera hora un comerciante gurriato, “no iba con ellos”. “Si cierro pierdo dinero, es así de simple. Creo que es fácil de entender”, indicaba el propietario de una céntrica tienda de Galapagar. “De verdad que nada me gustaría más que poder contratar a más trabajadores, pero la situación es complicada y bastante tenemos con mantenernos”, subrayaba el gerente de un taller mecánico, añadiendo que, a su juicio, “la huelga no contribuye a que mejoren las cosas”. “No sirve para nada. Los sindicatos van a lo suyo, es algo totalmente politizado”, indicaba un pequeño empresario de Villalba.
Agresión histórica
Quienes sí lo tenían más claro eran José Ricardo Martínez y Javier López, máximos dirigentes de los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, quienes el martes estuvieron en Collado Villalba para hacer un llamamiento a la participación en este paro general del 29-M. “La gente entiende que estamos ante una reforma laboral que vulnera prácticamente todos los derechos laborales adquiridos a lo largo de la democracia. Nunca ha habido una agresión tan dura ni tan intensa como la que ha realizado el Gobierno del PP”, manifestó López en la sede villalbina de CC OO, situada en el popular barrio obrero de El Gorronal, precisamente uno de los más castigados por la crisis.
“Los trabajadores son conscientes de que esta reforma abarata y favorece el despido. Exigimos la retirada inmediata de la reforma laboral y la apertura de un proceso de negociación que contribuya a sacarnos de la crisis sin debilitar los derechos laborales y evitando recortes sociales”, añadió el dirigente sindical madrileño.
Tomó el relevo el máximo responsable de UGT en la región, José Ricardo Martínez, quien comenzó diciendo que en caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy no mueva ficha, habrá más huelgas. “Ésta no es una reforma más; es una transgresión a la moral y a la civilidad. No hablamos de derechas o izquierdas, sino de una inmoralidad y probablemente también de una ilegalidad en algunas de sus cuestiones desde el punto de vista constitucional. No es un enfrentamiento entre la manera de pensar de los sindicatos y del Gobierno, sino una masacre a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. No es una huelga que podamos perder o ganar, sino que es una huelga absolutamente seguida y sentida desde el principio”, subrayó Martínez.
A continuación lamentó que el “primer objetivo” de esta reforma sea sumar 600.000 nuevos desempleados. “Ya me explicarán si en un país con 5,2 millones de parados podemos permitirnos llegar a los 6. ¿Qué estupidez es esta? ¿A quién quieren engañar? ¿De quién se quieren burlar?”, se preguntó, para después añadir que, a su juicio, al Partido Popular ya le ha empezado a pasar factura la reforma laboral, recordando la pérdida de 400.000 votos en las elecciones autonómicas celebradas el domingo en Andalucía y Asturias. “Queremos que en el trámite parlamentario se negocie y se cambie, y esta huelga general es una oportunidad para el Gobierno para que esto sea así”, señaló.
Recortes injustificados
Por otra parte, también se refirió al hecho de que “por primera vez en la historia de la democracia española, los empleados públicos pueden ser despedidos con esta reforma”. En este mismo sentido se pronunció luego Javier López, de CC OO: “Golpea a todos los trabajadores por igual, a los empleados públicos, a los laborales, a los interinos, a los empleados de la industria, de los servicios. El Gobierno del PP tiene que enfrentarse a una respuesta masiva de la ciudadanía frente a esa opción de aplicar recortes injustificados y una reforma que únicamente anima al empresario a despedir a los trabajadores”, aseguró.
Preguntado por la oportunidad o no de esta iniciativa, señaló que “nunca es buen momento para hacer una huelga”, subrayando que los sindicatos no convocaron este paro general “por capricho, sino porque se ha producido una agresión”. “El Gobierno debe tomar buena nota del resultado de la huelga en forma de contestación a sus políticas, y tiene que sentarse a negociar. Este país no puede salir de la crisis con políticas como las que se quieren poner en marcha con esta reforma laboral. España no necesita facilitar el despido, sino más crédito para las empresas, una reforma del sistema financiero, una reforma fiscal para captar recursos de quienes más tienen, y una reforma de su modelo productivo y económico. La única forma de salir de esta situación es restablecer la confianza, apostar por el empleo y no facilitar y abaratar el despido”, manifestó en su intervención ante los medios.
“Un empresario no va a contratar porque pueda despedir más fácil a un trabajador, pero sí puede animarse a hacer despidos como vía de salida a una determinada situación económica en su empresa. Esto no ocurre en ningún lugar de Europa, no nos moderniza, no nos acerca al espacio europeo, donde lo último que se hace es despedir. Antes hay que intentarlo todo para salvar la actividad económica de la empresa, y sin embargo en España lo que se hace es incentivar el despido, que es lo que ya se está empezando a producir. Los primeros datos del paro han sido reveladores, porque en el primer mes de aplicación de la reforma el desempleo ya ha crecido, y lo seguirá haciendo a lo largo de 2012 si no se contiene esta sangría y se restituye la confianza. Los recortes sociales y en inversiones no nos van a permitir salir de esta crisis”, manifestó.
López continuó su diagnóstico haciendo referencia a la situación de países como Estados Unidos, “donde la inversión pública se ha alentado y ya empiezan a recuperar empleo y tasas de crecimiento”. Sin embargo, prosiguió, “en España, Grecia, Italia o Portugal nos vemos condenados por las políticas de Merkel y Sarkozy, pero también por la incapacidad de nuestros gobiernos de hacer frente a esas decisiones que nos vienen impuestas. Nos vemos abocados a la pérdida de empleo y de actividad económica, lo que hace inevitable una situación de empobrecimiento generalizado”.
“Lo que esta reforma consigue”, continuó el líder de Comisiones Obreras en Madrid, “es acabar con lo que hasta ahora se había entendido como clases medias. Y además condena a quienes se incorporen al mercado laboral a tener contratos de emprendimiento que van a obligar a tener un periodo de prueba y a ser despedidos transcurrido ese año. Nuestros jóvenes mantendrán contratos formativos con menos derechos hasta los 33 años. Es una situación que no cabe en ninguna cabeza sensata. Pedimos al Gobierno que se siente a negociar con los sindicatos. Mientras se sigan empeñando en otra cosa, no vamos a ninguna parte, sino a más crisis, más paro y más empobrecimiento”, afirmó.