El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Ayuntamiento de Galapagar ha anunciado esta semana el endurecimiento de los trámites para la reagrupación y arraigo de extranjeros, una decisión que viene cargada de sentido común y que responde a la realidad que desde hace años se vive en esta localidad. Endurecer, frente a las críticas que ya se han apresurado a hacer algunos, no significa perseguir, sino simplemente hacer cumplir la ley de cara a evitar situaciones que desde ningún punto de vista podían continuar consintiéndose. La propia edil de Familia y Asuntos Sociales, Lola Bermúdez, enumeraba algunas de estas prácticas, que van desde la compra de contratos de alquiler o de ofertas de empleo a los pisos en los que se hacinan más de 15 personas.
Los responsables municipales no pueden mirar hacia otro lado ante una problemática que está al cabo de la calle, sino actuar de forma decidida y en el marco de sus competencias, lo que en este caso se traduce en un mayor control sobre los trámites que se han de seguir en los procesos de reagrupación y arraigo de extranjeros, evitando así los abusos habituales, al tiempo que, de paso, se refuerza la protección sobre quienes sí cumplen las condiciones requeridas, garantizando así una mejor convivencia.
Por otra parte, estamos ante unas medidas, desde el informe de habitabilidad a la prueba sobre conocimiento básico de la lengua española, que están en línea con la política que en esta materia se sigue en distintos países europeos, en el marco de un contexto en el que no puede imponerse el ‘todo vale’, sino la necesidad de caminar hacia una verdadera integración en nuestra sociedad. De aquí ha de nacer la auténtica interculturalidad y no del amparo y hasta el fomento de situaciones irregulares que perjudican a todos.