José L. García Millán
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La razón de crear un cuerpo de funcionarios mediante la capacitación y mérito a través de unas oposiciones y el hecho de que el trabajo obtenido sea muy difícil de perder, tiene su completo sentido en la independencia que deben tener ante sus jefes los políticos.
Resulta vergonzoso que en un juicio se admita la declaración del ‘Director General’, aunque sea contraria a lo que sus técnicos dicen. El caso de Las Navas del Marqués, tan reciente y cercano, es un ejemplo del absurdo. Si los políticos vamos a hacer lo que nos venga en gana, ¿para qué tenemos funcionarios que velan por la legalidad de la administración?.
Recientemente se ha publicado, entre otras muchas cosas, que Enrique Porto Rey escondió un informe que había realizado la funcionaria Norma Pérez. No es la primera vez que se saltan un informe de esta funcionaria; tengo en mi poder uno, con su visto bueno, sobre la manzana ‘Sainz’ de San Lorenzo de El Escorial en el que se afirma que existe un exceso de construcción de 6.979 metros cuadrados.
La citada construcción se ha terminado sin problemas gracias al siguiente informe, firmado por su superior, el anterior director general Íñigo Sáez de Pipaón y Mengs. Y se da la circunstancia de que el Plan Parcial de Pozas Norte lo firma una señora apellidada Sáenz de Pipaón. Demasiadas coincidencias.
Poner en un rincón a los funcionarios que hacen bien su trabajo informando según la ley porque impiden alguna acción política, es la puerta a la corrupción absoluta. Los políticos que lo realizan y lo consienten no son dignos de tal nombre, deberían llamarse simplemente ladrones. Marbella existe con muchos nombres.
Por cierto, los jueces también son funcionarios