ENRIQUE PEÑAS | Miércoles 22 de octubre de 2014
Después de que el martes la Dirección General de Trabajo diese el visto bueno al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de Collado Villalba y que afecta a 39 trabajadores del personal laboral (otros nueve funcionarios interinos también se verán afectados por los despidos), el alcalde, Agustín Juárez (PP), ofreció el miércoles una rueda de prensa en la que explicó que la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid “reconoce la precaria situación que arrastra el Ayuntamiento”, con una deuda superior a los 110 millones de euros.
En este sentido, indicó que el organismo regional entiende que los recortes afecten también al capítulo uno (partida de Personal), atendiendo a los criterios económicos y estructurales expuestos desde el Consistorio villalbino. Todo ello, subrayó Juárez, con el objetivo de que “los servicios esenciales que ofrecemos a la población, que es lo que tenemos que garantizar, se sigan manteniendo”.
Una nueva reunión
Tras recibir esta notificación, el Equipo de Gobierno dio traslado de la misma a los grupos de la oposición, además de mantener la misma tarde del martes un nuevo encuentro con los sindicatos. De hecho, en el momento de celebrarse esta rueda de prensa, en la mañana del miércoles, continúan las negociaciones entre el primer teniente de alcalde, el concejal de Economía y Hacienda y los representantes de los trabajadores. Como novedad, el regidor señaló que, después de tres meses desde que se iniciara este proceso, los sindicatos con representación en el Ayuntamiento (UGT, CC OO, CGT y CPPM) habían hecho por primera vez “alguna propuesta conjunta”, que al parecer se sustanciaría en las siguientes peticiones: reducción en un 5 por ciento de los salarios del Ejecutivo; eliminación de las retribuciones de la oposición y bajada de un 20 por ciento en los sueldos de las personas afectadas por el ERE. Sin embargo, a juicio del primer edil, esta propuesta “está lejos del ejercicio de responsabilidad que se exige a los sindicatos en estos momentos”, puesto que las medidas que plantean afectan exclusivamente a terceros y en ningún caso entran en los dos puntos que el Equipo de Gobierno considera capitales para evitar los despidos: por un lado, aumentar la jornada laboral para así eliminar las horas extraordinarias y con ello conseguir un importante ahorro para el Ayuntamiento; y, por otro, una bajada salarial que afecte a toda la plantilla.
En cualquier caso, Juárez manifestó que esperaba poder “llegar a un acuerdo con los sindicatos, pero si la situación de enquiste se mantiene, la decisión de iniciar los despidos será bastante rápida”. También aprovechó su comparecencia ante los medios para mandar “un mensaje de tranquilidad”: “Las nóminas están garantizadas. Tenemos una situación complicada, pero cada vez más controlada”, aseguró, para añadir que “no podemos soportar la misma plantilla con un presupuesto de 80 millones que con el actual de 49”.
Tramitación “impoluta”
En cuanto a la negociación con los sindicatos, Juárez manifestó que “si hay visos de avanzar, se mantendrá el tiempo suficiente hasta agotar los tres meses de margen que tenemos. Pero de lo contrario el periodo de negociación será muy corto. En este sentido, y después de defender la “impoluta” tramitación del ERE, subrayó que el objetivo de su Ejecutivo “no es despedir a 39 personas, sino tener la fluidez económica necesaria para que funcione este Ayuntamiento”. Y reiteró su disposición a negociar, teniendo en cuenta que la situación es “crítica” y que lo deseable es tomar cuanto antes una decisión en una u otra dirección: “Si no hay ningún avance, la semana que viene empezaremos a hacer efectivos los despidos”, afirmó.
Ahorro de 1,6 millones al año
Por otra parte, el regidor indicó que con la ejecución del ERE el Ayuntamiento tiene previsto ahorrar 1,6 millones de euros por año, salvo en el primer ejercicio, en donde a esa cantidad habría que restar los aproximadamente 400.000 euros que supondrían las indemnizaciones.
Como alternativas, explicó, el Ejecutivo ha presentado a lo largo de estas semanas dos propuestas que evitarían los despidos: la primera pasaba por aumentar la jornada laboral a 37,5 horas semanales (algo que ya se ha aprobado en el municipio vecino de Galapagar) con el fin de evitar las horas extraordinarias, además de mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos; y reducir de forma drástica las bajas y el absentismo laboral, con índices muy por encima de la media española. Respecto a la segunda propuesta, la principal medida pasaba por una bajada generalizada del 5 por ciento en los salarios de los trabajadores municipales, iniciativa que fue rechazada en referéndum.
Frente a esto, concluyó, “los sindicatos no se han movido ni un centímetro desde que empezamos con este proceso hace tres meses: ni las 37,5 horas semanales, ni tampoco bajada de sueldo”.