Galapagar toma medidas para optimizar sus recursos

El Equipo de Gobierno de Galapagar anunció ayer que a partir de marzo comenzará a aplicar la jornada de 37,5 horas semanales para los empleados públicos, con lo que se pretende, por un lado, aumentar el horario de atención al público en determinados servicios, y, por otro, eliminar completamente las horas extraordinarias, con el consiguiente ahorro para las arcas municipales. Se trata, en definitiva, de que los ayuntamientos emprendan la senda de la optimización de recursos, además de acabar con gastos que durante tiempo se han estado consintiendo y que ahora, dada la precariedad de la situación económica, es imprescindible cortar de raíz. No faltarán las voces críticas que hablen de un ataque a los trabajadores, de vulneración de los derechos y de que esta medida supone acabar con los logros sociales que tanto tiempo costó conseguir. A quienes así se pronuncia cabría recordarles que la crisis actual demanda decisiones firmes y en muchos casos impopulares, como ocurre en este caso. La administración pública, y la local no es una excepción, ha vivido durante años en una burbuja, encontrándose ahora con que la realidad de la recesión afecta a todos sus estamentos, trabajadores incluidos. Es inútil volver mirar hacia otro lado, porque las noticias que a diario abren los diferentes informativos son la más concluyente confirmación de que hay que hacer algo. Sin duda no basta con este aumento de la jornada laboral, sino que son necesarias reformas más profundas que requerirán del esfuerzo de todos si de verdad queremos buscar una salida a esta complicada situación. Todo ello sin olvidar que estas 37,5 horas, que supondrán en buena medida el fin de las horas extra, han de venir acompañadas de un incremento de la productividad, introduciendo en los ayuntamientos criterios a los que hasta ahora permanecían ajenos y que se limitaban a la empresa privada.