El laberinto judicial de Garzón

Era previsible. La prensa extranjera está convirtiendo los juicios contra el juez Garzón en un proceso a la justicia española. Veinticinco periodistas enviados por medios de quince países europeos y americanos siguen día a día el desarrollo de las vistas y no consiguen explicar los porqués. Ven en dos de ellas posible errores formales que pudieron salvarse con correcciones también formales.

Si no es conforme a derecho escuchar conversaciones entre los presos de la trama Gürtel y sus abogados, bastaría con negar a las grabaciones toda validez procesal, como se ha hecho cientos de veces. Y si Garzón se declaró competente de manera impropia en la investigación de los crímenes del franquismo, invalidar esa personal decisión resolvería el problema. Apreciar, sin embargo, indicios de criminalidad en ambos casos, sugiere intenciones explicables a los informadores y lectores de nuestro entorno democrático. La tercera causa, la del cobro de conferencias a cambio de supuestos favores, apenas se sostiene en pie, y menos aún cuando una de las partes del presunto cohecho acaba de ser absuelta. Si a esto se le añade la anomalía de juzgar al juzgador antes que a los acusados, la insólita traca de tres juicios, la firmeza del ministerio fiscal pidiendo absolución en los tres y la circunstancia de limitarse a dos organizaciones de ultraderecha la acusación del sumario franquista, el laberinto se hace infernal.

De puertas adentro, la justicia española está bajo mínimos en eficacia procesal y, lo que es aún peor, empieza a estarlo en credibilidad. la contaminación política de los más altos tribunales, las polaridades ideológicas y el disenso en resoluciones de gran peso en la estabilidad nacional y la convivencia solidaria, comprometen la confianza interior de la pureza de un poder que gozó largo tiempo de mayor prestigio que el legislativo y el ejecutivo. Y no hablemos de los procesos interminables, la acumulación de sumarios, las penas finales inferiores a las preventivas, las arbitrariedades de algunos juzgadores o el exceso que pone entre paréntesis el honor de los justiciables desde el instante en que son imputados, término equívoco donde los haya.

El esfuerzo del Gobierno actual por mejorar la credibilidad exterior, menoscabada a su juicio por el precedente, no debería limitarse solo a la esfera económica y fiscal. Cierto es que, iniciado un sumario, se hace soberana la jurisdicción de los tribunales. Pero el respeto a las decisiones judiciales no redime el cuidado de la imagen interior y exterior de una justicia procesada de facto por sociedades a las que una transición ejemplar nos ha homologado. La causa del franquismo está en el punto de mira de esas sociedades, donde se generaliza la sensación de que la justicia española trata de abortar el paso adelante que han dado ya otros países sin quebranto alguno, más bien lo contrario, de la convivencia nacional. La justicia es soberana, pero la iniciativa legislativa para perfeccionarla corresponde al Gobierno.