El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La responsabilidad de un ERE es de quien lo firma. La frase fue escrita ayer en Facebook por el ex alcalde y aún secretario general del PSOE de Collado Villalba, José Pablo González, evidenciando una absoluta falta de escrúpulos a la hora de analizar una situación de la que él tiene buena parte de culpa, después de haber condenado al Ayuntamiento a soportar una deuda superior a los 110 millones de euros. En los casi ocho meses que han pasado desde se derrota en las elecciones municipales del 22 de mayo, no sólo no ha hecho la más mínima autocrítica, sino que ahora pretende lavarse las manos y esconderse detrás de una demagogia tan populista como mezquina. En un Consistorio como el villalbino es imposible hacer borrón y cuenta nueva, más aún teniendo en cuenta la precariedad de las arcas municipales, situación que ha llevado al actual Ejecutivo a tomar una decisión dolorosa e impopular, pero que considera inevitable para evitar males aún mayores. Que José Pablo González hable ahora de “responsabilidad” es un sarcasmo que demuestra su osadía, la misma de la que ya hizo gala en el pasado al defender pese a las críticas la nefasta obra de Honorio Lozano, sin olvidar que a lo largo de sus 12 años de mandato se rodeó de una legión de cargos de confianza, protagonizó sonados despilfarros e infló una plantilla municipal que tras el ERE se verá recortada en 48 personas, con el objetivo de reducir los gastos de Personal en 1,2 millones de euros. Quizá, en vez de zascandilear en las redes sociales, el ex regidor haría bien en escuchar las declaraciones que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas hizo el miércoles en la Cadena SER, mostrándose partidario de que se pueda realizar un cambio en la legislación para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incurran en falsedad de la contabilidad pública, incurriendo reiteradamente en incumplimientos presupuestarios, como ha ocurrido durante años en Collado Villalba con numerosas partidas. Respecto a esto, en cambio, González prefirió guardar silencio, aunque resulta difícil pasar por alto que en numerosas ocasiones negó la existencia del déficit al que hacía referencia la oposición de forma unánime.
Volviendo al ERE, y más allá de las dolorosas consecuencias para los afectados, el Ejecutivo ha dado a conocer las razones que justifican su decisión, mientras que los sindicatos deberían hacer un esfuerzo para explicar por qué no han aceptado el plan alternativo que presentó el Equipo de Gobierno para evitar los despidos, sobre todo si, como ocurre con UGT, han amparado durante tanto tiempo la actuación de un PSOE que no puede eludir sin más su responsabilidad.