Gómez Sierra, crónica de una dimisión tardía

El pasado 1 de noviembre, el socialista José Antonio Gómez Sierra presentó su renuncia a su acta de concejal, dando por finalizados 12 años en la política activa de Collado Villalba. Al margen de su implicación en la obra del túnel-parking de Honorio Lozano y otras polémicas actuaciones, primero al frente del área de Urbanismo y luego como responsable de Hacienda, él mismo cavó su propia tumba política a través de la empresa Aldalea Business, una mercantil de su propiedad en cuya actividad, como avanzamos en El Faro del Guadarrama en enero de 2011, se encontraba el quid de la cuestión. Tras una intensa labor de investigación, durante los meses de septiembre y octubre destapamos algunas de las operaciones realizadas por Aldalea, entre las que sobresalía la compra de un piso en el denominado Palacio del Tomillar (8 de febrero de 2005) a la promotora IGS Villalba, cuyos copropietarios, al 50 por ciento, eran por entonces José Antonio Gómez Paredes (Cover Construcciones S. L.) y Evaristo Núñez Milara (ex editor de El Telégrafo). El precio de la transacción quedó fijado en documento privado -publicado por nuestro periódico los días 30 de septiembre y 28 de octubre pasado- en 312.526 euros, de los cuales la empresa IGS reconocía haber recibido en ese acto 62.506.

Uno de los primeros pasos del ya ex edil socialista fue remitir a este semanario un burofax en el que afirmaba: “Ante la publicación reiterada de una supuesta operación mercantil realizada por la sociedad Aldalea B.S.L., le manifiesto que dicha operación [compra del piso en El Tomillar] y la documentación publicada [contrato de compraventa] no existen ni se han producido. Por tanto, ninguna de las cuestiones que de ello se pretenden hacer derivar”. Y añadía luego que “desde ese periódico se vierten injurias y difamaciones continuadas hacia mi persona, rebasando ampliamente el concepto de derecho a la información, por lo que se han iniciado acciones legales”. Días después, El Faro del Guadarrama anunciaba también que desde hacía varias semanas contaba con la información registral de dicho piso, donde consta que sus propietarios son S. G. R. (hija del concejal) y su esposo, E. B. B., coincidiendo el número de piso, el de planta, las plazas de garaje y el trastero que recogía el contrato de compraventa que el propio Gómez Sierra había calificado de inexistente. También sabíamos que sobre esa finca se había constituido con fecha 31 de enero de 2008 una hipoteca a favor de La Caixa por importe de 180.000 euros. Sin embargo, renunciamos a publicarlo para saber hasta dónde podía llegar Gómez Sierra con sus mentiras y amenazas. Al final, se derrumbó y terminó presentando la dimisión.