El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Además del Caso Villalba, que repasamos en la página 10, el año ha deparado una intensa actividad judicial. Una de las primeras noticias en este sentido (21 de enero) fue la denuncia de Comisiones Obreras contra la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado (PP), por una presunta contratación irregular en el Ayuntamiento.
Una semana después (28 de enero) conocimos que, a petición de la Fiscalía, había sido archivada la denuncia por cohecho contra la entonces regidora de El Boalo, Carmen Díaz (PP). El 15 de abril, El Faro del Guadarrama adelantó que la anterior alcaldesa de Galapagar, Carmen Toledano (PSOE), había sido imputada por un presunto delito de prevaricación en la contratación de Galapajazz 2008. Un mes después, el Ejecutivo de San Lorenzo hizo público que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había archivado el recurso de los ecologistas al Plan Parcial del SAU-2 (Polígono Miravalle). Otra denuncia que fue archivada fue la de Izquierda Unida de Alpedrete contra el concejal Tomás Carrión en relación al proyecto urbanístico de Los Llanos - Sur.
Al descubierto
Y como colofón a este carrusel de denuncias, a finales de 2011 estalló definitivamente el caso del cabo jefe de la Policía Local de Valdemorillo, Francisco Paulino, tema que este periódico ya había abordado en distintas ocasiones y que quedó definitivamente al descubierto, destapandose numerosas actividades irregulares (venta de puntos del carné de conducir, tráfico de animales, llamadas a prostitutas desde el teléfono oficial), tras la emisión de un polémico reportaje de televisión en Cuatro. Al margen de las responsabilidades judiciales que se pudieran derivar, el Ejecutivo que preside Pilar López Partida procedió a la destitución fulminante del polémico cabo.
Por otra parte, el año que termina también trajo consigo el desalojo del Centro Social Okupado La Fábrika de Sueños, en Collado Villalba, amén de la okupación (que finalizó precisamente esta semana) del antiguo Centro de Salud de Galapagar, hecho que el Ayuntamiento denunció en los Juzgados de Collado Villalba por un presunto delito de usurpación.