Sigifredo Arias
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La noticia de esta semana de ‘santos’ y ‘difuntos’ nos llega de la mano de José Antonio Gómez Sierra, el hasta no hace mucho todopoderoso concejal del Ayuntamiento de Collado Villalba cuyo despacho, a decir de algunos, durante al menos ocho de los doce años de gobierno socialista, fue escenario de trasiegos, propuestas, conversaciones, negociaciones e incluso de discusiones relacionadas con un asunto tan sensible como lo era todo aquello que tenía relación tanto con el ladrillo como con el cemento.
Tengan en cuenta que me estoy refiriendo al periodo comprendido entre los años 1999 y 2007, una etapa en la que el señor Gómez Sierra dirigió y controló a su libre albedrío, siempre con la complacencia de su compañero y alcalde, José Pablo González, un área capaz de generar cientos y cientos de millones de euros que, entre otras cosas, permitieron a este Consistorio manejar y despilfarrar presupuestos multimillonarios. Y la noticia a la que hago referencia al inicio de este artículo no es otra que la renuncia presentada el pasado miércoles por José Antonio Gómez Sierra, supongo que tras una larga reflexión, a su acta de concejal a través de un escrito enviado al secretario municipal; un acta revalidada en las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo en contra de la opinión de muchos de sus compañeros de partido e incluso de algunos miembros de la Ejecutiva socialista, que no veían con buenos ojos que este polémico edil concurriera en la lista del PSOE, por considerar que estaba ‘salpicado’ por algunas presuntas irregularidades relacionadas con el conocido ‘caso Villalba’, entre otras el famoso viaje a Punta Cana en compañía del constructor José Carlos Gómez Paredes, propietario de Cover Construcciones y adjudicatario en UTE con la empresa Ortiz Construcciones del proyecto de remodelación de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén, que incluía la construcción de un innecesario parking con capacidad para más de 800 plazas y un absurdo túnel, hecho que provocaría la inmediata repulsa de los vecinos de este municipio, reprobación que quedó plasmada en las 4.000 firmas presentadas por los tres grupos de la oposición (PP, IU y ADEI) en el registro del propio Ayuntamiento solicitando al Equipo de Gobierno socialista una consulta popular sobre esta obra.
La información publicada durante mes y medio por El Faro del Guadarrama sobre la compra realizada por Aldalea Business, S.L., empresa propiedad de Gómez Sierra, a IGS Villalba, promotora entonces coparticipada accionarialmente al 50 por ciento por José Carlos Gómez Paredes y Evaristo Núñez-Milara Sánchez, de un piso en la promoción de viviendas denominada ‘Palacio del Tomillar’, mercantil calificada de ‘fantasma’ tanto por el hecho de haber sido adquirida a una empresa dedicada a la venta de empresas, como por haber fijado su domicilio social en un despacho de abogados de Madrid regentado por un letrado vinculado tanto al periódico El Telégrafo como a una de las empresas relacionadas con el proyecto de construcción del polémico centro comercial que pretendían construir en los terrenos de ‘Caño de la Fragua’ (ITV); y el hecho de que ese mismo periódico amigo (El Telégrafo) desvelase la semana pasada que el citado piso había sido registrado a nombre de la hija de José Antonio Gómez y de su esposo, ha podido acelerar la dimisión del concejal socialista, una dimisión que, al parecer, ha sido acogida satisfactoriamente por los responsables de la Agrupación del PSOE de Collado Villalba, algunos de los cuales no han podido evitar anunciar tras conocer la noticia que ésta no es más que la crónica de una dimisión anunciada, ya que la situación era insostenible, tanto en el aspecto ético como en el político, incluso en un partido donde, a tenor de lo que ha venido sucediendo en este municipio, el doble rasero y el todo vale se habían convertido en una forma de hacer política y gobernar.
Estoy convencido de que José Antonio Gómez Sierra, con el consentimiento de José Pablo González y su cúpula política, y amparado por la actitud cómplice del Partido Socialista de Madrid y de su secretario general, Tomás Gómez, fueron los responsables de una compleja forma de hacer política que sólo ha servido para sacrificar los intereses de los villalbinos en aras de su beneficio particular, de ahí el profundo divorcio que existe en estos momentos entre la militancia y sus dirigentes. Por eso y desde mi punto de vista, la dimisión de Gómez Sierra, aunque tardía, supone un importante paso adelante para poder recuperar, si aún esto es posible, parte de la dignidad perdida últimamente por nuestros políticos.