Injurias y difamaciones

En su escueto escrito de rectificación, que llega después de que en la Agrupación Socialista local le instaran a defenderse una vez que se abordó la posibilidad de abrir un expediente de expulsión, el concejal del PSOE José Antonio Gómez Sierra pretende zanjar el tema de la presunta compraventa a IGS-Villalba de un piso en ‘El Palacio del Tomillar’ de la siguiente manera:

“Dicha operación y la documentación publicada no existen ni se han producido. Por tanto, tampoco ninguna de las cuestiones que de ello se pretenden hacer derivar”. E indicaba también que Aldalea Business S. L. “nunca ha tenido actividad de ningún tipo”. Pero el edil ahora en la oposición omitía que la citada sociedad, que no por casualidad denominábamos ‘fantasma’, no había presentado cuentas en el Registro Mercantil durante estos años, de ahí que difícilmente pueda existir actividad oficial de aquello de lo que no se ha informado según los cauces establecidos.

Por otra parte, Gómez Sierra indicaba a través de este burofax que desde estas páginas “se vierten injurias y difamaciones continuadas hacia mi persona, rebasando ampliamente el concepto de derecho a la información, por lo que se han iniciado acciones legales”. Tras esta afirmación, lo que cabe preguntarse es si con las difamaciones e injurias se refiere el edil a su contrastado viaje a Punta Cana (del que da testimonio la fotografía que ayer publicaba nuevamente el diario ‘ABC’) con José Carlos Gómez Paredes, propietario de IGS-Villalba y de Cover, empresa adjudicataria en UTE de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, así como de otros proyectos en la localidad; a la polémica operación de compraventa de un piso en ‘El Palacio del Tomillar’, acreditada con el documento que aparece a la izquierda de esta columna; a las referencias a su patrimonio, comprobadas rigurosamente y publicadas con un criterio estrictamente informativo; a las voces que desde su propio partido le piden que se marche; o a su gestión durante años al frente de las áreas de Urbanismo y Hacienda, que desde estas páginas hemos calificado -y lo seguiremos haciendo- como nefasta, coronada con una escandalosa deuda de 110 millones de euros que quizá el concejal socialista, que no asistió al pleno celebrado en la mañana de ayer, también pretende incluir en su particular capítulo de difamaciones.