El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Con fecha 19 de octubre de 2011, el concejal socialista, José Antonio Gómez Sierra, envió a este periódico un burofax relativo a las informaciones publicadas en las últimas semanas por El Faro del Guadarrama, es decir, sobre las supuestas operaciones realizadas por su empresa ‘fantasma’, donde manifiesta: “Sr. Director: Ante la publicación reiterada en su periódico de una supuesta operación mercantil realizada por la sociedad Aldalea B. S. L. [Aldalea Business S.L.], le manifiesto que, dicha operación y la documentación publicada no existen ni se han producido. Por tanto, tampoco ninguna de las cuestiones que de ello se pretenden hacer derivar. Como ya he manifestado reiteradamente, y así figura en el Registro Mercantil y de la Propiedad, Aldalea B. S. L. nunca ha tenido actividad de ningún tipo. Lamento que antes no hayan recabado mi opinión y ruego publiquen esta rectificación a la que tengo derecho de acuerdo con el artículo 16 de la actual Ley de Prensa. Finalmente, desde ese periódico se vierten injurias y difamaciones continuadas hacia mi persona, rebasando ampliamente el concepto de derecho a la información, por lo que se han iniciado acciones legales”. Firmado, José Antonio Gómez Sierra.
Una historia bastante compleja
Respetando el derecho a rectificación del que ha hecho uso el ex edil de Urbanismo y posteriormente de Hacienda en los gobiernos presididos por José Pablo González (1999-2011), y en base a los documentos que obran en poder de este periódico, nos ratificamos en el contenido de las informaciones publicadas los días 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre, basadas fundamentalmente en el documento de fecha 8 de febrero de 2005, relacionado con la compraventa firmada entre los representantes de la mercantil Aldalea Business. S. L., propiedad del concejal villalbino, y la promotora IGS-Villalba, representada por sus por entonces administradores mancomunados, José Carlos Gómez Paredes y Alejandro Núñez Milara Gómez, de un piso en el residencial “Palacio del Tomillar”, situado en la calle Raimundo Fernández Soler de Collado Villalba, por importe de 312.526 euros, más IVA, de los cuales “la empresa compradora, representada en este acto por su administrador único [Bernardo Atienza Gómez], ha entregado la cantidad de 62.506 euros”, según está reflejado en el apartado ‘a’ de la segunda cláusula del contrato”.
También ha quedado probado que la licencia de obra de esta promoción estaba en esa fecha pendiente de conceder por parte del Ayuntamiento y que Gómez Sierra asistió, en su condición de responsable del área de Urbanismo, a la sesión celebrada el 7 de junio de 2005, donde se aprobó el proyecto básico para la construcción de esta promoción. De ahí que este periódico plantease la existencia de posibles responsabilidades políticas.
En cuanto al complejo sistema utilizado por el aún edil socialista para hacerse con la propiedad de Aldalea Business, S. L. - noticia publicada en exclusiva por El Faro del Guadarrama-, provocó una minuciosa investigación tras tener conocimiento de que Gómez Sierra había adquirido esta mercantil a Teliden Alfa, empresa domiciliada en Glorieta de Quevedo, 7 de Madrid, el 20 de diciembre de 2004, como recoge la escritura firmada en la notaría de don Alfonso Madridejos, así como el nombramiento en ese mismo acto del administrador único, don Bernardo Atienza Gómez, domiciliado por entonces en Benidorm (Alicante). Aldalea Business, S. L. fijó de inmediato su domicilio social en la calle General Castaños, 15-5º izquierda de Madrid, dirección que curiosamente coincidía con las del despacho de don Juan Antonio Cebrián del Moral, abogado y administrador de Villalba Ediciones S. L, empresa editora por entonces del periódico El Telégrafo. Cebrián del Moral sería posteriormente administrador mancomunado de Metro2 Retail S.L., ‘hermana’ de Metro2 Global S.L., promotora de un informe-encuesta que sería utilizado posteriormente por el Gobierno presidido por José Pablo González, en el que Gómez Sierra era el responsable de Urbanismo, para justificar la necesidad de construir un centro comercial en los terrenos municipales del Caño de la Fragua, junto a la ITV. En dichas vinculaciones y en el hecho de que Aldalea Business, S. L. no hubiese presentado cuentas en el Registro Mercantil durante todos estos años, apareciendo sólo el apunte referente a la dimisión de su administrador, Atienza Gómez, está el origen de su calificación como ‘empresa fantasma’.
Un viaje más que polémico
Por otro lado, resulta imposible obviar, a la hora de analizar las actividades públicas de Gómez Sierra, su viaje a Punta Cana (República Dominicana) en compañía del constructor local José Carlos Gómez Paredes, propietario por entonces de Cover Construcciones S.L., empresa adjudicataria en UTE con Ortiz de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano y de otras actuaciones municipales. En la fotografía publicada por el diario ‘ABC’ sobre dicha ‘excursión’, aparecen empresario y constructor, junto a sus respectivas familias, en el aeropuerto de Punta Cana. Tampoco han pasado desapercibidas entre los villalbinos las transacciones inmobiliarias relacionadas, primero, con el piso que Gómez Sierra tenía en régimen ganancial con su primera esposa en la urbanización Las Suertes, ni tampoco con su actual vivienda residencial, situada en la zona de Arroyo Arriba de Villalba-Pueblo, un asunto que actualmente está siendo investigado por este periódico. El punto y final al llamado ‘caso Gómez Sierra’ vino de la mano del por entonces portavoz municipal de ADEI, Alberto Sánchez, en el pleno extraordinario celebrado el 26 de diciembre de 2010, cuando éste ironizó con el perfil del edil socialista, afirmando: “Fue candidato de la ORT, azote del capitalismo en sus programas de radio y defensor del proletariado; es decir, ‘una persona consecuente con sus más profundos ideales’ que lleva a su hijo a uno de los colegios privados más caros de la Sierra, que se ha pagado un chalet y conduce un Mercedes ML (4x4) que no está a su nombre, sino al de otros. Un concejal que en petit comité ha dicho que no se va a presentar a las siguientes elecciones porque ya tiene el patrimonio suficiente para vivir”. Si nos basamos en dicho pronunciamiento, hemos de pensar que a Gómez Sierra al final no le cuadraron las ‘cuentas’