Arancha Ortega | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia presentada por el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), por tres actuaciones supuestamente ilegales, llevadas a cabo por el anterior Equipo de Gobierno del PSOE.
De esta manera, el Tribunal investigará si se ha cometido algún tipo de delito o infracción en la Concejalía de Hacienda, un área en entredicho debido a los cerca de 110 millones de euros de deuda resultantes de los 12 últimos años de gobiernos socialistas
“Que repongan el dinero”
El objetivo que persigue el nuevo regidor es “que el Tribunal inhabilite a los implicados para ejercer cualquier cargo público, además de la reposición del dinero malgastado”, tal y como aseguró Juárez el día que hizo público la presentación de esta denuncia.
Los casos que se han denunciado son los primeros detectados. En concreto, el primero tiene que ver con el proyecto del Teatro sin Barreras, que iba a financiar el Ministerio de Cultura y que finalmente no se va a poder llevar a cabo. Durante la legislatura del socialista José Pablo González, el Gobierno central concedió una subvención de un millón de euros a Collado Villalba para que se empezase a construir esta infraestructura cultural. Sin embargo, los anteriores responsables decidieron destinar esta cantidad a pagar los intereses bancarios de los numerosos créditos concedidos al Ayuntamiento, además de abonar cuotas pendientes de la Seguridad Social. Como consecuencia, el Ministerio de Cultura ha exigido al Consistorio la devolución de estos fondos, más los intereses, ya que no se han destinado al fin acordado. Esta cuestión pone en peligro las transferencias que el Estado hace a Collado Villalba en concepto de tributos, además de perder los más de 10 millones de euros de inversión que habría supuesto la construcción de este equipamiento.
En el escrito de la denuncia, Agustín Juárez también ha puesto en conocimiento del Tribunal otra irregularidad. Se trata de la reclamación de 50.000 euros por parte de una consultoría urbanística para el desarrollo de la unidad de ejecución de Cantos Altos y de la plaza de toros cubierta en la zona de Los Valles. En este caso se trata de unos trabajos solicitados verbalmente, donde se prescindió de cualquier procedimiento contractual legalmente establecido. La consultora indica que tanto en el caso de la plaza de toros como en el de Cantos Altos, se aprobó un contrato inicial que más tarde se modificó al alza, propuestas aceptadas “verbalmente” por el entonces concejal de Urbanismo. En cuanto a la remodelación del Parque de La Coruña, “dada la necesidad de completar urgentemente el proyecto” para solicitar la subvención del Estado a través del Plan E, no se llegó a firmar ningún contrato.
El último de los casos presentados ante el Tribunal de Cuentas hace referencia a unas viviendas del IVIMA que el Ayuntamiento tiene alquiladas y por las que debe más de 240.000 euros. El informe de Intervención del Consistorio señala que la Administración local arrendó 20 pisos a este organismo, destinados a albergar a mujeres víctimas de violencia de género, colectivos especialmente necesitados o menores tutelados. Sin embargo, no existe un expediente completo sobre dicho convenio, ni tampoco se tiene constancia de que fuera aprobado siquiera por la Junta de Gobierno.