Sigifredo Arias
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Pese a los casi mil kilómetros que separan los municipios de Ronda (Málaga) y Collado Villalba (Madrid), el pasado 27 de septiembre se pudo producir un impensado ‘hermanamiento’ entre ambas localidades, y todo ello gracias a la afinidad existente entre sus respectivos ex alcaldes, Antonio Marín Lara y José Pablo González Durán, ambos socialistas, a la hora de construir centros comerciales en terrenos de propiedad municipal y por tanto pública.
Aún así, la historia ha tenido un final completamente distinto, porque mientras en la capital andaluza la semana pasada efectivos policiales procedían al registro del Consistorio, deteniendo posteriormente a siete personas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y blanqueo de capitales, entre las que se encontraba el que fuera alcalde hasta el pasado 22-M, Antonio Marín Lara; en Collado Villalba el asunto del polémico centro comercial del Caño de la Fragua que el ex alcalde socialista, José Pablo González, y sus compañeros de Ejecutivo intentaron sacar adelante contra viento y marea, gracias a la intervención del secretario municipal que emitió un contundente informe en el que incluso anunciaba que caso de seguir adelante con este proyecto se podrían vulnerar algunos artículos del Código Penal, todo quedó en un descarado y fallido intento de construir una gran superficie comercial. Lo que aún queda pendiente son la resoluciones judiciales de las querellas presentadas ante los tribunales por PP y Manos Limpias y en la Fiscalía Anticorrupción por parte de IU, contra el regidor local y algunos miembros del Gobierno socialista.
Las coincidencias son tantas que podríamos decir que ambos casos se asemejan como dos gotas de agua. En Ronda fue Izquierda Unida la primera en poner sus miras en este proyecto (igual sucedió en Collado Villalba), tras presentar una denuncia (noviembre de 2009) por considerar bastante confusa la modificación puntual del PGOU de Ronda que afectaba exclusivamente a los antiguos terrenos del campo de fútbol y del recinto ferial, donde estaba previsto construir un centro comercial. Recuerden que en Collado Villalba también fue impugnado por Ecologistas en Acción el procedimiento de recalificación a través de un Plan Parcial de los terrenos del Caño de la Fragua (denuncia que ahora está en manos del Tribunal Supremo), tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por este colectivo contra la resolución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de abril de 2011.
Otras coincidencias: la superficie a desarrollar en ambos casos por las dos empresas adjudicatarias de estos terrenos, Eroski en Ronda y Eurofund Investments La Villa en Collado Villalba, superaba los 50.000 metros cuadrados y las inversiones prometidas al respecto estaban por encima de los cien millones de euros, además de que los promotores aseguraron que crearían cientos y cientos de puestos de trabajo.
La forma de pago en ambos proyectos curiosamente tampoco beneficiaba a los Consistorios: en Ronda el Equipo de Gobierno había vendido los terrenos municipales al grupo Ruiz Jurado, que posteriormente decidió cambiar la titularidad de los mismos a la empresa Ronda Gestión de Proyectos Comerciales, operación en la que según IU se ha podido producir una irregularidad, de ahí que pidiese le aclarasen la liquidación total de las deudas pendientes de la primera adjudicataria con el Ayuntamiento rondeño, algo que fue rechazo por el Ejecutivo socialista. También en Collado Villalba la operación de cesión, vía alquiler, del derecho de superficie de la parcela de Caño de la Fragua, con un alquiler tasado en aproximadamente un millón de euros anuales, cuantía que el Ejecutivo por entonces presidido por José Pablo González les autorizaba sutilmente a pagar varios años después de su adjudicación, permitiéndoles incluso hipotecar dicho terrenos o adquirirlos en propiedad cuando les conviniera dentro de los 75 años de plazo aprobados en correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas. También aquí los grupos de la oposición amenazaron con denunciar dicha operación, puesto que de llevarse cabo perjudicaría seriamente los intereses de la muy deteriorada tesorería municipal.
Coincidencia final y no menos importante: en ambos casos los alcaldes y por tanto máximos responsables de ambos Ayuntamientos pertenecían al PSOE y perdieron el sillón tras las elecciones celebradas el 22 de mayo pasado..