RICARDO FANJUL | Miércoles 22 de octubre de 2014
Ecologistas en Acción de Madrid ha concluido que el anterior Equipo de Gobierno de Colmenarejo, dirigido por la ahora diputada regional del PSOE Mª Isabel Peces-Barba y con Jerónimo Hernández (IU) como responsable de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, suspendió en transparencia, participación y acceso a la información ambiental y urbanística. Cabe destacar que, pese a la pésima puntuación obtenida en el citado estudio por el anterior Ejecutivo (PSOE, IU y APIC), éste no ha sido el peor valorado de la comarca. De los municipios analizados en la zona Oeste, el peor valorado en 2010 resultó Fresnedillas de la Oliva, gobernado entonces por el PP. A este ayuntamiento lo siguieron como peor valorados de la comarca: Moralzarzal, San Lorenzo de El Escorial , Los Molinos y Collado Villalba.
El desconocimiento ciudadano
El citado estudio, a modo de encuesta, fue propuesto por Proyecto Verde de Colmenarejo. Su objetivo era conocer el grado de aplicación de la legislación española y europea en lo referente al “acceso a la información y la participación del público en la toma de decisiones, así como el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. Aspectos estos regulados por ley, pero que desconocen la mayoría de los ciudadanos. Y lo que es más sorprendente aún: también lo desconoce, o desprecia, gran parte de políticos y trabajadores públicos.
El trabajo de Ecologistas en Acción recuerda que el artículo 9.2 de la Constitución consagra la participación ciudadana con carácter general y el artículo 105 lo hace para el ámbito administrativo. En el caso del Derecho Ambiental se han desarrollado en los últimos tiempos herramientas como el convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en medio ambiente.
Convenio Aarhus desde 2005
Dicho convenio, conocido como Aarhus, sostiene que “para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus. España firmó este acuerdo en diciembre de 2004, entrando en vigor en marzo de 2005”.
Este convenio viene a confirmar que todo ciudadano está obligado a conservar el medio ambiente y, por ello, las administraciones están obligadas por ley a facilitar cuanta información les soliciten en esta materia, así como a permitir que sus ciudadanos participen en decisiones que afecten al medio ambiente. Sin duda, tanto ayuntamientos como autonomías y el propio Estado siguen sin aplicarse esta legislación, pese a que la insistencia de asociaciones vecinales y ecologistas impide que se olvide el derecho de los ciudadanos.
Maltrato municipal
Según los responsables de estas encuestas, realizadas en 34 municipios, “lo más destacado es el maltrato al que se somete a quienes intentan ejercer su derecho a informarse”.
Ecologistas en Acción destaca el hecho de que en el 79 por ciento de los ayuntamientos, funcionarios o cargos políticos se han dirigido de manera inadecuada, en muchos casos insultante y ofensiva, a personas que solicitaban información”. Otros datos que denotan “este desprecio generalizado por los vecinos son que en más del 32 por ciento de los municipios la información ambiental o urbanística se entrega después del plazo para presentar recursos, sugerencias, alegaciones, etc.
Las conclusiones son que la mitad de los ayuntamientos no responde jamás a quejas o escritos; el 32 por ciento no permite preguntas en los plenos; el 70 no convoca nunca consejos sectoriales (participación, medio ambiente, urbanismo, etc.) y en casi la mitad de municipios no existe Reglamento de Participación Ciudadana.