La dimisión de Porto, un aviso para navegantes

La presión mediática puso a prueba la fortaleza del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto Rey, y éste sucumbió a las primeras de cambio tras las críticas vertidas por algunos medios de comunicación, donde se le acusaba de haberse beneficiado de los presuntos negocios realizados por algunas empresas (Plarquin, Elclansol, Fernández y Porto) y de autorizar planeamientos urbanísticos redactados por sus antiguos socios en varios municipios madrileños.

Así, el pasado lunes, Porto Rey presentaba oficialmente su dimisión al consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, dimisión que se hizo pública el martes, donde alegaba que esta decisión se sustentaba en razones personales y, sobre todo, en la “intención de defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad ante las acusaciones recibidas en los últimos días”.

La empresa Plarquin, donde al parecer trabaja la hija y un hermano de Porto, ha redactado los planes generales y de sectorización de varios ayuntamientos serranos, concretamente los de Moralzarzal, Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y Manzanares El Real. También se han metido en el mismo cesto los PGOU de Aranjuez, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Villanueva de la Cañada y Brunete, entre otros, y estas informaciones también se hacían eco de la gestación de un ‘pelotazo’ por parte del ya ex director de Urbanismo en el término municipal de Villanueva de la Cañada, al comprar en los años 1988 y 1994 con su socio, el arquitecto José María Fernández del Río, y con Ricardo Ortega, concuñado del alcalde de esta localidad, tres fincas rústicas por un total de 87.000 euros en la zona denominada Los Pradillos que, en 2003, cuando se aprueba el plan parcial que le afectaba, no son recalificadas como urbanas por “haberse detectado serias deficiencias”, deficiencias que son subsanadas un año más tarde por el propio Enrique Porto, firmando el correspondiente documento, según recoge El País en su edición del pasado miércoles. Hace apenas unos meses las tres fincas se venden en 4,3 millones de euros a la empresa Fadesa, lo que genera unas beneficios de 700 millones de pesetas para los citados propietarios.

Esas son, más o menos, las causas que han provocado la dimisión de Enrique Porto, un tema que durante bastante tiempo va a estar en candelero, lo que permitirá oir y leer versiones para todos los gustos, más si tenemos en cuenta que ya nos encontramos en la antesala de una precampaña electoral donde Partido Popular y PSOE, además de las alcaldías de más de 170 municipios, se van a jugar la presidencia del Ejecutivo regional y la Alcaldía de Madrid. También se abre una gran interrogante para aquellos consistorios serranos donde, caso de Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y Moralzarzal, sus respectivos ediles habían negociado con el ya ex director general el futuro crecimiento urbanístico de su municipio a través de planeamientos como el PGOU de Guadarrama, donde acaba de cerrarse el plazo de alegaciones con un balance de casi 4.000 reprobaciones; el de Monesterio en el Real Sitio, un emplazamiento situado a 17 kilómetros del casco urbano, y el viejo proyecto de Los Praderones (Moralzarzal), que ha hecho correr ya muchos ríos de tinta y cuya autoría algunos colectivos imputan a Enrique Porto Rey. Y si los responsables políticos de estos ayuntamientos tienen motivos para estar preocupados al ver cómo pueden quedar en suspenso las futuras vías de financiación de sus arcas municipales, imagínense cómo estarán los propietarios de esas grandes promotoras inmobiliarias, dueñas de la mayoría de unos terrenos que estaban a punto de ser recalificados y en los que, según las previsiones, se iban a construir más de 10.000 viviendas en los próximos cinco años.

Pero la decisión tomada por Porto Rey también tiene su vertiente positiva y como tal hay que aplaudirla, porque en nuestro país no estamos precisamente acostumbrados a que alguien abandone su parcela de poder por muchos cargos que se le imputen o por muchos escándalos que esté protagonizando en el desempeño de su quehacer público. Al respecto, el diario El País del pasado 3 de octubre, y bajo el título Corrupción municipal, ofrecía un editorial que desde luego no tenía desperdicio alguno. Hé aquí dos de sus más importantes párrafos: “La presunción de que el ejercicio de la política se sustenta sobre la honradez de los cargos públicos y su credibilidad ante los ciudadanos sufre una dura erosión en España, donde puede comprobarse con frecuencia que el descubrimiento de cohechos, malversaciones, favoritismos, percepción de comisiones en las obras públicas y demás delitos de corrupción administrativa ni arredra a los partidos ni les incita a aplicar escarmientos o medidas disciplinarias a los militantes sorprendidos en tales prácticas”; “...Pero el hecho es que los partidos no aplican sus propios códigos éticos y dilapidan la cada vez más escasa confianza que los ciudadanos depositan en la gestión pública en las administraciones locales y autonómicas. Lo correcto es que los altos cargos sorprendidos en un escándalo presenten su dimisión o se les obligue a ello, de forma que todos los partidos aprendan la lección y entiendan que viven de la confianza de los votantes en su pericia y honradez”.

El contenido de este editorial es contundente y por tanto debe entenderse como un claro aviso para esos navegantes de la cosa pública que intentan enriquecerse aún a costa de poner en serio peligro nuestra democracia. Por eso, insisto, la dimisión del responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, al margen de la mayor o menor gravedad que puedan tener las presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de su cargo, puede ser considerada como una ráfaga de aire fresco en el ambiente contaminado que se respira últimamente en torno a la mayoría de los temas relacionados con el urbanismo y su vinculación con técnicos, políticos y, cómo no, con las siempre omnipresentes empresas constructoras y promotoras de ámbito local, provincial y nacional, prestas a llevarse siempre la mejor tajada del pastel.