El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
A avanzábamos la semana pasada, a través de unas declaraciones del alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, que la deuda del Ayuntamiento estaba por encima de los 100 millones estimados, si bien el anterior Ejecutivo evitó siempre hablar de esta cifra, ciñéndose a los créditos con los bancos (40 millones de euros) y olvidando a quienes más perjudicados han resultado de su nefasta gestión económica: proveedores, empresas suministradoras y autónomos, precisamente los más castigados por la crisis. El regidor desveló ayer que la cantidad total supera los 110 millones de euros, es decir, prácticamente el resultado de sumar el presupuesto municipal de dos años. Ésta es la herencia económica de José Pablo González y su equipo, que en buena medida condicionará la actuación del nuevo Ejecutivo del PP, aunque mal harían sus responsables en convertir esta circunstancia en argumento permanente.
Como primera medida, Juárez anunció ayer la puesta en marcha de un plan de austeridad que ha de ser ambicioso si quiere de verdad revertir esta situación y no poner únicamente un parche. La optimización de los recursos y dependencias es una propuesta acertada -del mismo modo que lo sería proceder a una revisión exhaustiva de todas las contratas municipales-, pero se antoja imprescindible ir más allá, entrando de lleno en los vicios adquiridos de una Administración que durante demasiados años ha vivido instalada en el despilfarro. Es importante decir, sin temor a a las críticas que puedan llegar, que se acabó la época de opulentos festivales, que ya no hay espacio para millonarias subvenciones en festejos taurinos, que no es momento de proyectos faraónicos y que el tiempo de ‘pan y circo’ ha pasado a mejor vida. Pero no bastará sólo con decirlo, sino que lo fundamental es llevar a la práctica estas medidas, centrándose en el día a día de losa villalbinos, atendiendo de primera mano sus necesidades más básicas y olvidándose de las grandes obras. Es el momento de la gestión.
Por otra parte, y después del pleno extraordinario celebrado en la tarde del miércoles en el que se fijaron las retribuciones de los cargos políticos, es importante destacar que se ha producido una significativa reducción en los salarios (más en el caso del propio alcalde que en el del resto de ediles), aunque también cabe preguntarse si el esfuerzo en este sentido no podría haber sido aún mayor, tal como reclamaron desde las filas de Izquierda Unida y UPyD. En todo caso, es un primer paso en la dirección adecuada -al igual que ocurre con la reducción de cargos de confianza-, que deberá ser ratificado ahora con otras medidas encaminadas a sanear las maltrechas arcas municipales.