El ‘Caño de la Fragua’ antes de convertirse en una escombrera
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Según ha podido saber este periódico a través de los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción-CODA, este colectivo ha recurrido, dentro del plazo establecido, la sentencia dictada el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre la desestimación del recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2010 por Ecologistas en Acción en el que solicitaba la nulidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba celebrado el 16 de julio de 2009 por el cual, y gracias a los votos del PSOE, fue aprobado el Plan Parcial correspondiente a los terrenos de ‘Caño de la Fragua’, próximos a la ITV, que el Consistorio socialista tenía previsto destinar a la construcción de un gran centro comercial.
La responsable jurídica de Ecologistas en Acción-CODA ha declarado a El Faro del Guadarrama que este proceso judicial puede durar entre dos y cuatro años: “Tras admitir el TSJM el recurso de casación, ahora corresponde interponer recurso ante el Tribunal Supremo y en dos años, aproximadamente, sabremos si este ha sido admitido. Caso de ser así, este Alto Tribunal tardaría otros dos años en pronunciarse definitivamente”.
Este nuevo proceso judicial paralizará el desarrollo comercial previsto en esta zona del municipio, en contra de lo que decía la nota emitida por el Ayuntamiento el pasado 25 de mayo, donde el Ejecutivo en funciones solicitaba a Izquierda Unida que “pidiera disculpas por haber dudado de la legitimidad de este esta medida [la aprobación del citado Plan parcial]”, además de arremeter contra este medio por “defender las tesis de Ecologistas en Acción”
Revés económico
El recurso que formalizará ante el Tribunal Supremo el grupo ecologista en el mes de septiembre pone freno no sólo el proyecto de construcción de un área comercial en el sector ‘Caño de la Fragua’, sino la posible enajenación a través de concurso público de estos terrenos de propiedad municipal que los propios servicios técnicos de este Consistorio habían tasado en más de 18 millones de euros, una cifra que podría suponer un importante revulsivo para la dramática situación económica por la que atraviesa la tesorería local.
Mientras esta parcela siga en los tribunales difícilmente podrá ser alquilada o enajenada, tal como recogía el informe desfavorable emitido por el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romero Fernández, el 11 de enero de 2011, en relación con el expediente patrimonial relacionado con la pretendida construcción por parte de Eurofund Investments La Villa S.L, única empresa litigante, de este derecho de superficie que el Ejecutivo, presidido por entonces por el socialista José Pablo González, había destinado a la construcción y explotación de un centro comercial.
El secretario municipal decía al respecto: “En nuestro caso, el Plan Parcial del Sector Caño de la Fragua está impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que está cuestionado jurídicamente y, por ello mismo, existe inseguridad jurídica en cuanto a su función legitimante de la actividad de ejecución del planeamiento, viciando de invalidez y de falta de seguridad jurídica este expediente”. Un pronunciamiento que coincidía con el realizado hasta entonces por este periódico y que era contestado una y otra vez por el regidor villalbino con su peculiar verborrea, acusándonos -citamos textualmente sus palabras.-, de “confundir en muchas ocasiones la legalidad con sus [nuestros] intereses particulares”.
Importantes plusvalías
Y esto lo decía González aún conociendo las informaciones publicadas por El Faro del Guadarrama, en las que se desvelaban las claves y las conexiones existentes entre las empresas relacionadas con este proyecto y sus propietarios y directivos, entre ellas las mercantiles Eurofund Investments La Villa, Metro Cuadrado Global, IGS Villalba y el diario ‘El Telégrafo’, todas ellas domiciliadas curiosamente por entonces en el Edificio América III (Las Rozas) y sus respectivos dirigentes, todos ellos dispuestos a beneficiarse de las plusvalías que podrían obtener a través de la ‘generosidad’ de un pliego de condiciones presuntamente hecho a su medida y que les iba a permitir pagar el canon de alquiler fijado para estos terrenos (alrededor de 1.100.00 euros anuales) de la siguiente manera: 25 por ciento del canon (es decir, alrededor de 825.000 euros en el total del periodo), pago que no harían efectivo hasta el año 2014. En los tres siguientes años y durante la construcción del centro únicamente tendrían que abonar el 50 por ciento del canon (550.000 euros anuales) y el pago de esta cantidad sólo se haría efectivo cuando el centro comercial abriese sus puertas, es decir no antes de 2017, lo que generaría unas plusvalías a favor de Eurofund Investments La Villa, única litigante, de unos 4,5 millones de euros. Un magnífico negocio que deja en evidencia quiénes eran los presuntos interesados en beneficiarse de esta operación. .