El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Ami me da vergüenza, la verdad. Y conste que como licenciado y doctor en Derecho, en su día y sin más valor que la opinión de cualquier ciudadano medianamente conocedor del funcionamiento de los tribunales consideré que mejor sería una sala de los constitucional del Tribunal Supremo, que ese si es un tribunal jurisdiccional, que no un Constitucional como el que tenemos, encargado de dictaminar sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley o situación jurídico-política que se les pudiese plantear.
Bueno, pues habiendo triunfado la tesis de la conveniencia de un Tribunal Constitucional, hemos venido asistiendo desde su creación, a enfrentamientos y más o menos veladas acusaciones de intromisión en las competencias de uno o del otro por parte del otro o del uno.
Hay quienes piensan erróneamente que la última instancia jurisdiccional le corresponde al Constitucional, al que incluso denominan Alto Tribunal, cuando el más alto tribunal es el Supremo, y no comprenden o no quieren comprender que el Constitucional está fuertemente vinculado a la política dominante gubernamentalmente y que su papel se agota en dictaminar sobre el ajuste de una disposición o una sentencia a lo preceptuado en la Constitución vigente, sin poder entrar en otras consideraciones. A la vista de ciertos últimos acontecimientos y de las posibles consecuencias negativas para la paz nacional de la flagrante disparidad de criterios entre Supremo y Constitucional, quizá sería ocasión de replantearse la conveniencia de una sala de lo constitucional en el Tribunal Supremo. Me parece que eso serviría para dar confianza al ciudadano en la Justicia y en los órganos encargados de administrarla en este país.