El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, horas después de conocerse los resultados electorales del pasado 22-M, manifestó que se auditarán las cuentas de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos donde vayan a gobernar “para así conocer la verdadera situación de sus finanzas y detectar los gastos superfluos”. Ha llegado, pues, el momento de pedir cuentas a los que se marchan por la puerta de atrás de las instituciones peor gobernadas de las historia de nuestro país. Y ha llegado el momento de que los nuevos ediles que tengan que hacerse cargo de las distintas alcaldías, exijan a los que han dejado las sillas que se hagan responsables de sus negligencias políticas y económicas. Tanto de lo que han hecho como de lo que han dejado de hacer.
Es ahora cuando nuestros nuevos regidores se va a ver obligados a buscar soluciones creativas y coherentes tras realizar las auditorías que les van a golpear con la bofetada de unas cuentas moribundas, solo amparadas por maquetas de lo que se debía haber hecho y que no se ha ejecutado por la incompetencia manifiesta de quienes se marchan. Prueba de ello son los resultados provocados por sus propios electores, hartos de la promesas incumplidas. Tanto es así que muchos ayuntamientos tienen los bolsillos agujereados por una falta de previsión imperdonable basada en una regla de tres y no de cuatro. Es decir, si la Comunidad o el Ministerio de Hacienda te debe cuatro millones y no tienes líquido, no puedes gastar ocho. Es así se sencillo. Tampoco se pueden justificar las deudas a pequeños proveedores que sí saben que “de donde no hay no se puede sacar” y tienen que hacer, desde hace meses, malabarismos para poder subsistir por culpa de deudas ajenas.
No quisiera estar yo en el pellejo de los que a partir del próximo viernes han de tomar el bastón de mando y devolver a la vida a las instituciones arruinadas. Hemos visto estos días en distintas plazas de nuestro país a ciudadanos reivindicando un sistema más justo. Me sumo a algunas de sus peticiones, como las que subraya que los que actúan en política sean responsables de sus hechos y paguen con sus bienes los errores, los gastos injustificados y las acciones fuera de la ley que hubiesen acometido. ¡Ojalá esas auditorías pudiesen atribuirse a personas con nombres y apellidos! Sería una manera de que quienes gobiernan fuesen más cautos con el dinero público, al recordar que no es suyo, sino de todos, y que si lo gastan mal deberán responder con algo más que con palabras