Román Villalba | Miércoles 22 de octubre de 2014
Es posible que el ruido de la campaña electoral que hoy empieza no deje oír la música que late de fondo en la gran mayoría de los ayuntamientos de la zona, el canto de sirena que anuncia recortes una vez pasen las elecciones, al minuto siguiente de constituirse los ayuntamientos. Las arcas municipales están exhaustas y se ha llegado hasta aquí en un tente mientras cobro.
Que el Estado ha sido incapaz de dotar a los municipios de una financiación razonable es una verdad palmaria que el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP), denuncia con bastante solvencia y conocimiento desde su puesto de privilegio en la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Como también lo es que muchos ayuntamientos llevan inflando sus presupuestos toda la legislatura con ingresos que se esperaban de los tiempos de la burbuja inmobiliaria, como es el caso de Quijorna. Dinero que nunca ha llegado, ni llegará.
El problema es que, entre enormes y poco productivas plantillas municipales como las de Valdemorillo y municipios que asumen costes imposibles, como es el caso de la Escuela de Música de Fresnedillas; con municipios que no presentan cuentas, como Zarzalejo, o ayuntamientos que se embarcaron en aventuras deportivas muy rentables socialmente, pero nefastas desde el punto de vista económico, todo indica que se avecinan tiempos muy duros para los ayuntamientos. Todavía más duros.
Todos y cada uno de los regidores municipales cuentan bajo cuerda las dificultades que pasan para pagar las nóminas, o los retrasos en el pago de facturas a proveedores. También que no entienden por qué los ayuntamientos tienen que pagar la luz o el gasóleo de los centros escolares, o asumir gastos de las llamadas competencias impropias, que en algunos municipios llegan hasta el 30 por ciento del gasto corriente.
Ahora es tiempo de banderolas y la música de la campaña electoral no dejara hablar de este asunto con seriedad y en profundidad, pero, al día siguiente de las elecciones, se anuncian recortes legitimados por las urnas, porque, o los ayuntamientos reciben dinero urgente del Estado y la Comunidad, o muchos de ellos, no todos, tendrán que poner el cartel de cerrado en gran parte de sus servicios.