La judicialización de la política en Villalba

Escribíamos la semana pasada acerca de las secuelas que estaba dejando el ‘Caso Villalba’ en los juzgados, un asunto que salió a la luz pública tras la publicación, en diciembre pasado, en ABC y El Faro del Guadarrama de unas fotografías donde aparecía el alcalde villalbino, José Pablo González, su esposa y su hijo, en el hotel Grau Roig de Andorra pasando las vacaciones navideñas de 2006/7 junto a José Carlos Gómez Paredes, propietario de la empresa Cover, que como recordarán nuestro lectores, en UTE con Ortiz Construcciones, fue la adjudicataria de la millonaria y faraónica obra de construcción del túnel-parking de Honorio Lozano, cuyo coste final puede superar con creces los 40 millones de euros.

Pero en esas fotografías también aparecía el copropietario y socio de Gómez Paredes en la promotora IGS-Villalba, Evaristo Núñez-Milara Sánchez, editor a la vez del periódico El Telégrafo, acompañado de su esposa y sus tres hijos, un hecho sobradamente contrastado, aunque ahora este empresario intente ‘desmarcarse’ sibilinamente, pese a que su nombre aparece en algunas demandas. También lo intentó González cuando llegó a decir que se trataba de una simple coincidencia (“nos encontramos en Andorra por casualidad, porque a ese hotel van muchos villalbinos en invierno”), pero las evidencias de que ese viaje de placer no era improvisado pues, al parecer, fue organizado con bastante antelación, tiró por tierra dicha estrategia. Pues bien, este complejo y delicado asunto, unido al viaje realizado a Punta Cana por el entonces concejal socialista de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra y su familia, donde estos aparecen en compañía del constructor Gómez Paredes, esposa e hijos, en distintas fotografías tomadas en la República Dominicana, han provocado que las relaciones entre políticos y empresarios locales lleguen a los tribunales.

Siete denuncias, siete
Tanto es así que, a día de hoy, en los juzgados de esta localidad, como decíamos la semana pasada, ya se han presentado media docena de demandas y una en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, de las que tres corresponden al alcalde, José Pablo González: la primera fue presentada por Izquierda Unida, la segunda por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y la tercera está firmada por el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía en las elecciones del próximo mayo, Agustín Juárez López de Coca. En todas ellas le imputan al regidor local los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos Y a ellas, el alcalde debe añadir otra de IU que fue presentada hace más de dos meses en la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, relacionada con el intento de adjudicación de los terrenos de la ITV (Caño de la Fragua) a la empresa Eurofund Investments La Villa, S.L.U para que en ellos se construyera un gran centro comercial. Las dos denuncias restantes, le han caído en suerte al portavoz y candidato del PP a la Alcaldía, Agustín Juárez; una lleva la rúbrica del propio José Pablo González y la otra ha sido interpuesta por Gómez Paredes, propietario de la empresa Cover. En ambas se acusa a Juárez de los presuntos delitos de calumnias e injurias, en relación, también, con el ‘Caso Villalba’. En el acto de conciliación de esta última denuncia, celebrado hace una par de semanas, el candidato popular se ratificó en todo lo que había dicho.
Últimamente en nuestro país el hecho de querellarse, demandar y denunciar son verbos que algunos colectivos, entre los que suele estar la clase política y el mundo del colorín, conjugan al dedillo. Nadie se corta un pelo a la hora de lanzarse al juzgado de guardia, de ahí que muchos digan que los españoles frecuentan más los juzgados, las Audiencias y los tribunales que sus propios domicilios.

Se dice que no es bueno judicializar la política, incluso para la opinión pública la intervención de los jueces en cuestiones políticas es algo especialmente grave porque con ello se devalúan los propios políticos. Al respecto, Rafael Iturriaga, por entonces Consejero del Tribunal Vasco de Cuestas Públicas, escribió en ‘El País’ “Si el criterio que todos estamos decididos a utilizar en exclusiva es el de la estricta legalidad ¿cuál es el mecanismo del que se dota al Estado de derecho para la garantía y el restablecimiento, en su caso, de la legalidad conculcada? El poder judicial, no hay otro. La judicialización, pues, está servida”.