El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La ex alcaldesa de Galapagar y número 20 de la candidatura del PSOE a la Asamblea de Madrid, Carmen Toledano, ha sido imputada por las supuestas irregularidades en la contratación de Galapajazz 2008, que se llevó a cabo pese a los informes desfavorables del interventor y el secretario municipales, tal como denunció el PP hace unas semanas. “Pero no sólo ella se sentará en el banquillo”, indican desde el Partido Popular, “sino que esta contratación contó con el voto a favor de varios miembros del anterior Equipo de Gobierno, entre ellos los números dos y tres de la lista del PSOE de Galapagar, Carmen Andonaegui y Hans Anton Böck”.
También tendrá que testificar en calidad de imputado, añaden los populares, el candidato de la Liga Reformista, José Luis Barceló (en el momento de los hechos edil de Foro Verde - GyU). Todos ellos, continúan desde el PP, “tendrán que dar explicaciones por la aprobación de contratos sin los correspondientes pliegos administrativos, con cláusulas abusivas e ignorando la prelación de pagos”.
6 y 20 de mayo
En principio, la declaración de los entonces integrantes del cuatripartito liderado por Carmen Toledano ha sido fijada para los próximos 6 y 20 de mayo, en vísperas de las elecciones municipales. “La justicia pone finalmente a cada uno en su sitio y ahora los galapagueños podrán comprobar qué clase de políticos son los que hasta ahora han llevado las riendas del municipio; y, lo que es peor todavía, qué clase de políticos pretenden volver a ocupar la Alcaldía tras las próximas elecciones”, manifiestan los populares tras hacerse pública la imputación de estos ediles.
Informes desfavorables
Los hechos se remontan al año 2008, con motivo de la celebración del tradicional Festival de Jazz, Galapajazz, cuya contratación, advierte el PP, “podría esconder graves irregularidades tras aprobarse ignorando los informes de reparo suspensivos del propio interventor municipal. Dicho informe solicita la paralización de la tramitación por, entre otras cuestiones, carecer de los pliegos de las cláusulas administrativas y prescripciones técnicas tal y como exige el artículo 93 LCSP; asimismo, se advierte de la existencia de cláusulas abusivas y se incide en el hecho de no respetar la prelación de pagos, destacando la necesidad de priorizar, entre otros gastos, los de personal”. Como consecuencia de esto, prosiguen los populares, se produjo “una posible desviación irregular de fondos que se produjo al realizar una modificación presupuestaria para pagar el festival con 129.000 euros que inicialmente estaban destinados al pago de becas de comedor escolar para niños de 0 a 3 años, afectando a un total de 292 familias del municipio”.
Pese a ello , la ex alcaldesa socialista y otros miembros de la Junta de Gobierno, concluyen desde el PP, “dieron prioridad a posibles intereses personales y decidieron continuar con el contrato del festival, para lo que destinaron 134.000 euros”.