El PP villalbino presentó el pasado martes su programa electoral en materia de economía y empleo a empresarios, representantes sindicales y colectivos vinculados al sector comercial de esta localidad. Obviamente, entre los asuntos a debatir se encontraba el manido tema del centro comercial que el Ejecutivo socialista había pretendido promover en la finca de propiedad municipal conocida como Caño de la Fragua, situada junto a la ITV y colindante con la vía de Servicio de la A-6. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, abrió las puertas de par en par a los futuros empresarios que quieran invertir en este municipio “para que puedan crear riqueza y empleo”.
También el candidato popular a la Alcaldía villalbina, Agustín Juárez López de Coca, secundó esa medida, añadiendo que “respaldaremos la implantación de empresas fuertes, grandes y solventes, pero no sólo a esas, también a las que ya hay”: Y para evitar malos entendidos, añadió: “Centro comercial sí, pero... sin intermediarios o comisionistas por medio, con empresas solventes y siempre que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apruebe definitivamente la modificación del Plan Parcial del Caño de la Fragua”.
Informe demoledor
Pese a la presión cansina y reiterada a la que viene sometiendo desde hace varios meses el diario El Telégrafo a los políticos locales, campaña iniciada hace dos años gracias al apoyo prestado por el Ejecutivo socialista, con el que rompieron relaciones cuando estos decidieron dejar desierto el concurso de la ITV, ahora, al menos eso es lo que se desprende de su línea editorial, le han empezado a tirar los ‘tejos’ al PP por considerar, así lo han confesado, que van a ser estos los que rijan los destinos del Ayuntamiento en los próximos cuatro años y, caso de ser así, entienden les podrían apoyar en sacar adelante la construcción de esa gran superficie comercial.
El Faro de El Guadarrama desveló a finales del pasado año, con todo lujo de detalles, la trama montada en torno a la única empresa litigante a esta finca, Eurofund Investments La Villa S.L.U., en la que aparecía como apoderado y consejero Pedro Pérez Montero, también director general de Metro Cuadrado Global, empresa que realizó una encuesta sobre el sector comercial villalbino. A pesar de quedar desvelados los intereses económicos que había en torno a la construcción de este centro, El Telégrafo continuó en sus trece, ignorando incluso el informe demoledor emitido por el secretario general del Ayuntamiento de Collado Villalba, el pasado 11 de enero, sobre dicho proyecto. Tan contundente fue este documento que el propio alcalde optó por declarar, primero, desierto el expediente de contratación de este derecho de superficie y, finalmente, en base a dicho informe, desestimó el recurso de reposición presentado por la única litigante por considerar que dicho expediente “estaba cuestionado jurídicamente, al existir inseguridad jurídica y que en caso de seguir adelante con el expediente se vulnerarían los artículos 25 (Libertad de Pactos) y 1.271 del Código Civil y se incurriría en responsabilidad criminal en virtud de lo preceptuado en los artículos 319 y 320, según la Reforma Penal
Pues bien, el pasado martes, dicho periódico, cuyo obsesivo interés en sacar adelante este proyecto es incapaz de disimular, volvía a insistir en el asunto a través de un pseudoeditorial: “Antonio Beteta y Agustín Juárez han desarmado el argumento principal de la campaña electoral del actual alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, que tuvo en su mano dirigir la aprobación del proyecto del nuevo centro comercial e, inexplicablemente, la dejó escapar”. Añadiendo seguidamente: “Las urnas, por supuesto, dictarán la encuesta final, pero la fotografía en este minuto descabalga al Partido Socialista de la mayoría absoluta”. Todo un insulto a la inteligencia de los vecinos de Collado Villalba, a los que estos ‘plumillas’ interesados consideran tan ingenuos como para olvidarse de sus problemas diarios (crisis, paro, inseguridad, etc.), como para dar su voto a la opción política que apoye la construcción de un centro comercial.
Más difícil todavía
Pero si con todo lo dicho resulta, al menos a corto plazo, más que improbable que el pretendido centro comercial del Caño de la Fragua salga adelante, sobre todo tras las lagunas jurídicas que aparecen en la modificación del Plan General de Urbanismo que permitió la calificación de estos terrenos y que originaron la denuncia de Ecologistas en Acción, aún pendiente de resolver por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, seguidamente les facilitamos las conclusiones hechas públicas por el Equipo de Gobierno socialista, presidido por José Pablo González, en noviembre de 2001 en un documento elaborado tras la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico (4-10-2001), que bajo el título “Notas generales del PGOU de Collado Villalba”, y en el apartado de propuestas, recogía: “Transformación del área de Las Maripis-Cantos Altos en parque empresarial que proporcione puestos de trabajo y una base económica estable al municipio. Desarrollo en la misma línea anterior de la zona de la ITV para actividades de almacenaje, distribución, comercio, escaparate, sin cabida para centro comercial”. Afirmación que se repetía en el último punto del epígrafe “Suelo productivo e industrial”, donde los responsables del Consistorio local, al referirse a la finca Caño de la Fragua (más conocida por los terrenos de la ITV), manifestaban: “Esta zona con fachada a la autopista A-6 y acceso directo por la terminación del Vial Sur es de propiedad municipal mayoritariamente. Como en el caso anterior [Cantos Altos] requiere un estudio de mercado y labor e gestión para su desarrollo y seguimiento. Como ya se ha anunciado se descarta la ubicación de una gran superficie comercial”.
No resulta fácil entender el giro dado en este asunto por el Ejecutivo villalbino en los dos últimos años.