Marcos López
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El objetivo de construir una ciudad sin barreras exige una diversidad de actuaciones que, en modo alguno, se agotan en la adaptación de las infraestructuras, espacios y edificios de concurrencia pública a las normas de accesibilidad. Es necesario que las administraciones públicas faciliten la posibilidad de movilidad y desplazamiento del colectivo de personas discapacitadas por toda la ciudad.
Es más, con este fin, los políticos con un poco de sentido común han considerado imprescindible no sólo crear un transporte urbano adaptado a las necesidades de la población con capacidades limitadas, sino también hacer posible que, con el transporte particular, es decir con sus propios vehículos, las personas que tienen reducida su movilidad puedan desplazarse reservando los necesarios aparcamientos en los diversos puntos de la población, desde los que directa o indirectamente, sea fácil acceder a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su vida personal cotidiana y también en condiciones de igualdad.
Por eso, para cualquier mente medianamente inteligente debe ser fácil entender que la cuestión de la reserva de aparcamientos destinados al uso exclusivo de personas discapacitadas nunca fue un asunto baladí sino una obligación moral y cívica para nuestros gobernantes a la hora de proteger los derechos de este colectivo.
Pues bien, cuando todos suponíamos que el Ejecutivo socialista de Collado Villalba estaba a favor de facilitar la labor de los minusválidos en su municipio (solamente el pasado año se gastaron miles de euros en obras destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas tanto a través del Fondo Estatal de Inversiones (8 de abril de 2010), como de concursos públicos, el último aprobado el 17 de noviembre de 2010; pues bien pese a todo eso El Faro del Guadarrama, en su edición del pasado viernes, publicaba una explícita fotografía donde se veía el vehículo de la concejala de Educación de este Consistorio, Beatriz Martín estacionado en una plaza de minusválidos situada junto a una de las paradas de autobús próximas a la Casa Consistorial. Es más, el vehículo portaba en la parte superior del salpicadero la tarjeta oficial que sirve para acreditar la pertenencia del mismo a un edil del municipio. ¿Es esa la solidaridad y el apoyo a los discapacitados promulgada por el regidor socialista, José Pablo González Durán, en sus intervenciones públicas? La infractora Beatriz Martín no sólo no ha pedido perdón por haberle quitado el aparcamiento a una persona con movilidad reducida durante gran parte de la mañana del día de autos, tal vez porque su conciencia le impide entender el suplicio que supone para muchas de estas personas desplazarse unos metros, sino que además se ha vanagloriado de su hazaña en facebook, colgando en su ‘muro’ comentarios tan despectivos como “mientras critican cabalgamos” (suponemos que se estaba refiriendo a El Faro) o incluso amenazantes como en el que dice “como no se atreven a denunciarme (obviamente se refería a la Policía Local), le pasan la foto a la prensa”.
La infracción cometida por esta concejala está castigada en el Código de la Circulación con una multa de 200 euros y 2 puntos del carné. Si la edil no es sancionada de oficio estaremos ante un caso evidente de prevaricación por parte de los responsables policiales.