La república independiente de Navagrande

Superando la proclama revolucionaria de la I República cuando al grito de ¡Viva Cartagena! se consagró su independencia como cantón, la urbanización Navagrande, hasta ahora perteneciente al municipio de Hoyo de Manzanares, sigilosamente se ha constituido en república independiente.

Y se ha independizado por la vía de los hechos. Como le hubiera gustado hacerlo a Carod Rovira en Cataluña. Sin perder ni un minuto en estériles debates sobre estatutos de autonomía o consultas populares. Sin respetar la ley ni el bien común, usurpando infraestructuras y espacios de uso público que, como tales, nos pertenecen a todos.

La Junta Directiva de Navagrande, presa de un delirio de federalismo asimétrico galopante, tan surrealista y absurdo que hubiera hecho las delicias del alcalde de Fregenal de la Sierra -aquel protagonista (Alfredo Landa) de Las Autonosuyas que proclamaba el “farfullo” como hecho diferencial para reivindicar lo que el socialismo zapateril y sus socios nacionalistas hoy denominarían realidad nacional- ha convertido Navagrande en un fortín inexpugnable, bloqueando todos los accesos a la urbanización con colosales puertas metálicas, cerradas a cal y canto que sólo pueden abrir por control remoto los señores copropietarios cuando salen o entran de su fortaleza. De nuevo el resucitado espíritu medieval de los Reinos de Taifas se impone al Tratado de Schengen, que establece la abolición de las fronteras interiores y la libre circulación de personas y mercancías por la Unión Europea.

Con ser muy grave, lo peor no es que, institucionalmente, Navagrande se apropie de recursos que son de todos. Lo esperpéntico es que los tenga en usufructo y que el gobierno municipal, además, lo consienta. Sabido es que en Navagrande reside el inefable concejal de Hacienda, Rafael Ferrer, de HST, cuya traición a su grupo aupó al sillón de la Alcaldía a Fernando Esteban hace ahora tres años. Lo irritante, digo, es que esta republiquita con afanes de independencia, experta en aplicar la ley del embudo, como Cataluña, no lo sea de verdad y siga aprovechándose de los beneficios que le otorga ser parte del municipio de Hoyo de Manzanares, ya sea en seguridad, sanidad, comunicaciones, transportes, enseñanza o infraestructuras.

Lo delirante es que todos estos hechos sucedan -y queden impunes- con la complicidad, o el silencio -tanto da- de la oposición, sin distinción de ideologías o partidos. Porque, asombrosamente, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares mantiene esta urbanización -con tipología constructiva de viviendas unifamiliares- fuera de ordenación desde 1989, y por tanto al margen de toda la legalidad urbanística vigente, incumpliendo -¡qué sarcasmo!- su propia normativa (Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de 1985), al haber renunciado ¡durante 17 años! a recibir las cesiones obligatorias al Ayuntamiento de viales, equipamientos públicos o zonas verdes -en detrimento del patrimonio municipal-, para así eludir sus deberes de conservación y mantenimiento en Navagrande. Con todo, lo verdaderamente preocupante es que lo que allí sucede es el síntoma de una enfermedad que, con diferente virulencia, afecta a todo el municipio. Enfermedad que provoca una seria confusión entre lo público y lo privado, auspiciada por sucesivos ayuntamientos que, desde siempre, han eludido sus responsabilidades, convirtiendo el municipio en un Reino de Taifas sin cohesión territorial, ni urbanística alguna: con 36 urbanizaciones convertidas “de facto” en entidades urbanísticas de conservación (EUC), cuyos vecinos -contribuyentes como el que más a las arcas municipales- siguen discriminados respecto a los residentes en el casco urbano, pagando por servicios e infraestructuras públicas que son gratuitos para el resto de la población. El Ayuntamiento, a cambio de su total abandono, renuncia tácitamente a sus deberes de vigilancia y control como administración pública dentro de las urbanizaciones y mira para otro lado.

Por el contrario, en el PIHM creemos que todos los vecinos de Hoyo de Manzanares son iguales ante la ley y que a todos les asisten los mismos derechos y obligaciones como ciudadanos. Que las responsabilidades del Ayuntamiento son indeclinables; que su acción es fundamental como órganos de la administración pública para garantizar la igualdad de derechos y deberes entre sus administrados y que, a tal fin, deberá recepcionar todas las urbanizaciones, asumiendo en su totalidad las tareas de mantenimiento y conservación de sus infraestructuras públicas, integrándolas, sin discriminaciones ni privilegios, como una parte más del municipio. Este es uno de nuestros compromisos electorales.