P. Mendoza
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Apoco más de dos meses para las municipales, parece que tanto el PSOE como el PP han decidido que sus respectivos códigos éticos sigan acumulando polvo en las librerías, no vaya a ser que con el ajetreo de los mítines puedan traspapelarse y caigan en manos de algún resentido social y le dé por leerlos.
Así las cosas, los dos principales partidos han vuelto a colocar en sus listas a algunos de los más insignes trileros. Creía que estaban fuera y me vuelven a meter dentro, que dirían los Soprano. Ahí tienen a Paco Camps, firmante de un manifiesto contra la corrupción sin que haya constancia gráfica de que le temblara el pulso. O el candidato socialista a la alcaldía de Melilla, Dionisio Muñoz, que cuenta con el ‘apoyo’ cerrado de Ferraz a pesar de estar imputado en un presunto delito de compra de votos, mercadeo inofensivo que lo único que demuestra es la vocación emprendedora del compañero Dionisio. Son estos dos ejemplos de una larga relación de cargos institucionales bajo sospecha.
Dice el columnista Juan Carlos Escudier que si por cada desfalco se exigiera a los partidos de los forajidos en cuestión que depositaran una caución equivalente al dinero público sustraído, posibilitando incluso el embargo de bienes y hasta de sueldos, la selección de los políticos mejoraría una barbaridad. Cree uno que, con independencia de que este tipo de conductas terminen o no en condenas (la honestidad en la gestión pública se rige por normas éticas), no es de recibo que personas a las que la justicia tiene en su punto de mira, ocupen un espacio que debería ser más limpio y ejemplar. Porque más que sed de urnas, de lo que tenemos sed los ciudadanos es de una democracia sin trileros.