Apuntes sobre medio centenar de preguntas sin respuesta

Entre el fervor de sus ediles y de los socialistas que habían acudido al salón de plenos donde se celebró la sesión extraordinaria solicitada por el PP para debatir el ‘caso Villalba’, el alcalde, José Pablo González, rechazó, gracias a su mayoría numérica, convocar la comisión de investigación solicitada por los populares y respaldada también por los otros dos grupos de la oposición.


Previamente, el candidato del PP a la Alcaldía, Agustín Juárez López de Coca, había realizado tanto a González como a Gómez Sierra, responsable del área de Hacienda, 50 preguntas (47 al regidor local y tres al entonces responsable del área de Urbanismo), que los interpelados no contestaron. José Pablo González se limitó a entregar al secretario municipal una factura del hotel Grau Roig de Andorra , cuya descripción corresponde a “Estancia familia González-García” por importe de 1.751,36 euros, desde el 27-12-06 hasta el 03-01-2007, que corresponde al extracto de la VISA Oro que él mismo había enseñado en el pleno del pasado 16 de diciembre y cuyo importe no se ajusta a las tarifas de dicho establecimiento hotelero, ni el modelo presentado al formato oficial, entre otras cosas porque en el oficial se detallan los distintos servicios facilitados al cliente. Un asunto que, dada su complejidad, sigue abierto.

Los cuatro temas a debate
El medio centenar de preguntas realizadas por el portavoz del PP estaban relacionadas con los cuatro temas que protagonizan el ‘caso Villalba’: la estancia en un hotel de lujo de Andorra del alcalde villalbino y su familia con los constructores locales, José Carlos Gómez y Evaristo Núñez Milara, propietarios de las empresas Cover e IGS, y sus familias durante la Nochevieja de 2006/07; la vinculación de estos con la empresa Eurofund Investment La Villa S.L.U., única licitante al concurso de adjudicación de los terrenos del Caño de la Fragua para la construcción de un gran centro comercial; la polémica obra del túnel-parking de Honorio Lozano y el viaje del por entonces concejal de Urbanismo (hoy de Hacienda), José Antonio Gómez Sierra y su familia a Punta Cana, acompañados del propietario de la empresa Cover, hecho contrastado a través de las fotografías publicadas por el diario ABC y reconocidas por el propio edil.

Pese a la trascendencia que estos temas puedan tener, caso de no ser debidamente aclarados, para los implicados de cara a un futuro inmediato, sorprendentemente ninguno de ellos movió ni un sólo músculo cuando, por ejemplo, el alcalde fue requerido para que se manifestase sobre si había mentido en el anterior pleno cuando dijo que “tras coincidir casualmente con estos empresarios en Andorra quedé únicamente a cenar con ellos el día de Nochevieja”, demostrándose posteriormente que pasaron junto a sus familias seis días en el hotel Grau Roig del Principado. Tampoco hubo respuestas a otros temas no menos importantes como, por ejemplo, conocer la valoración política del regidor “acerca de que Gómez Sierra, mientras era responsable de Urbanismo, disfrutase de unas vacaciones familiares en Punta Cana con el propietario de Cover”, o sobre la ocupación exagerada que hizo esta empresa de los terrenos situados junto a la ITV a la hora de realizar los vertidos de la obra de Honorio Lozano, donde, según un estudio que dice tener el PP, no se han retirado la totalidad de los mismos (al parecer existe una demasía de varios miles de metros cúbicos, que no contempla el acta de recepción de dichos terrenos firmada por el arquitecto municipal). Y continuando con esta polémica obra, tampoco José Pablo González respondió a la pregunta relacionada con la adjudicación de la misma a la UTE Ortiz-Cover “después de baremar positivamente el menor tiempo de construcción. Posteriormente, ante los constantes incumplimiento de los plazos usted [le dijo al alcalde] manifestó textualmente “todos sabemos que las obras nunca se terminan en los plazos fijados”. Si tenía el asunto tan claro, explíquenos las verdaderas razones por las que regaló nueve millones de euros del dinero público de todos los villalbinos a esta UTE”.

Centro comercial en la ITV
En relación con la fallida adjudicación en régimen de alquiler de los terrenos de propiedad municipal sitos en el Caño de la Fragua (ITV) cuyo destino era la construcción de un gran centro comercial, el portavoz del PP realizó, entre otras, las siguientes preguntas:

• La empresa IGS-Villalba es propiedad de los empresarios José Carlos Gómez y Evaristo Núñez, con los que pasó usted la Nochevieja en Andorra. La empresa licitadora, Eurofund Investment La Villa, tiene como apoderado y consejero a Pedro Pérez Montero. El señor Pérez Montero ha sido director general de la empresa Metro Cuadrado Global, que encarga una encuesta hace dos años en la que usted se apoya [le dice al alcalde] para decidir hacer un centro comercial. Pues bien, todos ellos comparten oficinas y número de teléfono en la calle Adolfo Pérez Esquivel 3 de Las Rozas, con lo que la vinculación societaria o de intereses mercantiles es innegable y evidente. Dado que su amistad es tan íntima como para pasar la Nochevieja juntos con sus respectivas familias, es de suponer que usted también conocía la vinculación de estos señores con Eurofund y, evidentemente, sus aspiraciones en relación al concurso de estos terrenos, porque para eso son sus amigos”.
• ¿Ha mantenido usted o Gómez Sierra reuniones con representantes de Eurofund, con Pedro Pérez Montero, Venancio Morales (administrador de Metro Cuadrado Global) o algún socio de IGS-Villalba antes de aprobar el concurso parta la cesión de los terrenos del Caño de la Fragua.
• ¿Habían llegado a un acuerdo privado con Eurofund para exigir unas condiciones ya pactadas previamente con esta empresa y no interesaba que ninguna otra pujara?
• Ha anunciado que en su programa electoral va a incluir que quiere un Hipercor en Collado Villalba. ¿Es esta gran superficie parte del proyecto de Eurofund para esos terrenos? Y si es así, ¿ya lo sabía antes de sacar a concurso el terreno?

Además, el portavoz popular preguntó cómo era posible anteponer los intereses de una multinacional de Luxemburgo a los legítimos derechos de los villalbinos en dicho concurso en el tema relacionado con el pago del alquiler anual de dicha parcela; por qué se publicó el concurso en el mes de agosto, dando un plazo tan corto para presentar ofertas evitando con ello la posibilidad de obtener otras y cómo es posible que elaboraran un pliego de condiciones que incumplía radicalmente las previsiones del Plan de Saneamiento.

En cuanto a las preguntas realizadas al edil de Hacienda, José Antonio Gómez Sierra, que tampoco fueron contestadas, se le pidió que presentase el documento acreditativo del pago del viaje a Punta Cana con el mencionado constructor o si en su etapa de concejal de Urbanismo había percibido otros ingresos que no fueran los provenientes de sus emolumentos profesionales y por qué, dada su amistad con el propietario de la empresa Cover, en las votaciones donde se le adjudicaron a dicha mercantil numerosas obras no se abstuvo.

Dado el cariz que ha tomado este asunto, es muy posible, así lo adelantaba la semana pasada El Faro del Guadarrama, que puesto que la vía política no ha permitido disipar las muchas dudas creadas por el ‘caso Villalba’, éste termine en los tribunales de Justicia para que estos diriman las responsabilidades pertinentes.