CARLOS FERNÁNDEZ | Miércoles 22 de octubre de 2014
El último pleno celebrado en Valdemorillo aprobó, con el voto favorable de los ocho concejales del PP y el rechazo de los cinco ediles de la oposición (PSOE, Progresistas y PIVALDE) la adjudicación definitiva de la construcción del nuevo colegio que instalara el grupo Zola en terreno municipal situado frente a la plaza de toros y en la rotonda de entrada a la carretera de Cerro Alarcón. Mientras que el Equipo de Gobierno habla de “logro decisivo para el Ayuntamiento, al aumentar la oferta educativa del municipio”, y destaca la creación de nuevos puestos de trabajo y recursos para los vecinos, la oposición en su conjunto reclamó cubrir primero las necesidades educativas con plazas pública antes de enumerar lo que, a su juicio, son deficiencias graves en la tramitación del expediente urbanístico y la concesión administrativa.
A pesar de todo, el Ejecutivo popular presidido por Pilar López Partida anunció que el colegio empezara a funcionar en el año 2012 para después implantar progresivamente todos los cursos hasta segundo de bachillerato, lo que se conseguirá en el año 2020. “Estamos de enhorabuena por traer una inversión al municipio de más de 6 millones de euros”, aseguró la regidora valdemorillense, quien subrayó la importancia de las cantidades que recibirá el Consistorio: “Hablamos de un canon en la firma de contrato de 600.000 euros, 200.000 el primer año de ejecución de la obra y el resto de la concesión (40 años) una anualidad de 11.000 euros más”. En este sentido, puso en valor iniciativas de otros municipios donde el Ayuntamiento cede el suelo sin contrapartidas económicas y ponderó las dificultades de atraer esta inversión en las actuales circunstancias económicas.
Terreno sin registrar
La polémica surgió al descubrir PIVALDE y PSOE en la sesión plenaria que el terreno donde se instalará el colegio esta aún sin registrar a nombre del Ayuntamiento, lo que a juicio de ambas formaciones imposibilita la operación a fecha de hoy. Así, la concejala independiente Carmen Villanueva, que llegó a manifestar que el procedimiento administrativo esta “amañado” para favorecer al grupo Zola, desveló que el informe de los servicios jurídicos es desfavorable a efectuar la operación en tanto el terreno donde se va a instalar no este registrado a nombre del Ayuntamiento. Respecto a la titularidad municipal del terreno, la alcaldesa reconoció que aún no ha sido posible, si bien López Partida sostiene que “la propiedad del terreno es del Consistorio, ya que el equivalente a la escritura pública es el proyecto de reparcelación”.