E. Cantos
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Aestas alturas no hay duda de que los españoles somos prisioneros de un intervencionismo gubernamental que nos tiene absolutamente cohibidos. Mire usted por donde mire, siempre encontrará algo que nos prohíbe desenvolvernos con soltura, dentro de la vida cotidiana.
Por ejemplo, la ley antitabaco, que por si misma no es censurable, si no fuera porque se ha dotado de unos instrumentos legales que la hacen mas intransigible, represiva y difícil de cumplir, de todas las leyes del mismo rango que rigen en Europa. Ésta, la nuestra, es una ley que parece que está hecha para molestar; para hacer de la prohibición un arma que, en vez de buscar la mejor solución a un indudable problema de salud, crea caos y la confusión entre la gente que ve cómo el Gobierno se mete en una zona peligrosa que afecta a su libertad, a ir más allá de los ámbitos en que un fumador crea el peligro que se intenta evitar de forma tan radical e innecesaria. Para los autores de este texto legal, o para los que lo han sugerido, no existen espacios libres de contaminación del tabaco. De ahí que aquellas inversiones que muchos establecimientos hosteleros hicieron al amparo de la anterior prohibición no se han tenido en cuenta en un momento en el que las economías están aplastadas por la crisis que padecemos. Lo que puede dar lugar a que muchos de esos establecimientos no puedan aguantar la ‘huida’ de los clientes que no pueden fumar el cigarro cuando más apetece, es decir tomando el café, y cierren. Junto a todo ello está la falta de sensibilidad y estilo de la ministra Pajín, al lanzarnos los unos contra los otros por medio de las denuncias que la buena señora ha sugerido que hagamos cuando veamos que alguien incumple la ley.