R. Baltar
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
De encuestas de opinión oficiales se sirven los gobernantes mediocres para seguir la evolución del indicador que más los empequeñece: el número de los irritados por su gestión. La decencia y la austeridad públicas pedirían prohibirlas por ley. La gente ordinaria se entera de lo que piensa la calle hablando con los amigos de la peña y escuchando a la pescadera o al peluquero, por citar a profesionales bien dotados de antenas. Pero los políticos evitan el trato directo con el personal y para fingirse interesados por sus estados de ánimo recurren a los servicios de la demoscopia. Ciencia camelística que consiste en inventar preguntas cuya respuesta saben todos menos el que encarga el trabajo. Un momio.
Su inutilidad la confirma el Barómetro del CIS correspondiente al mes de noviembre pasado. ¿Qué aprovechará a los de arriba constatar el porcentaje de los españoles que consideran su situación económica mala (40,7%) o muy mala (35,8%) y que esperan un 2011 igual de malo (41,7%) o peor (32%)? ¿O el de los que creen que el primordial problema del país después del paro (79,5%) es la clase política (18,2%)? ¿Qué cuenta les trae certificarse que el 76% está orgulloso de nuestra Transición? Con la intercalación inmotivada de preguntas sobre la creencia y práctica religiosa del encuestado se compromete la neutralidad del Estado aconfesional y los resultados se prestan a especulaciones inconvenientes. El que el 70,8% se confiese católico y sólo el 13,9 vaya a misa todos los días de precepto es ejemplo de ello. Otro dato: no pasan del 14 por ciento los que se declaran de derechas. El giro al centro del paisanaje dibuja un factor de moderación.