Paola F. López | Miércoles 22 de octubre de 2014
Tal y como ya informó El Faro del Guadarrama, el grupo de supermercados Mercadona ha mostrado su interés por instalarse en Colmenarejo. Pero según explican desde Alternativa por Colmenarejo (AxC), “lo que debería ser una buena noticia para la mayoría, se ha convertido en un turbio y sospechoso asunto, que ha llegado a su clímax con las gravísimas acusaciones vertidas por la alcaldesa contra la Comunidad y contra un ciudadano de Colmenarejo”. Acusaciones publicadas en un medio local tras el segundo rechazo de la Administración regional.
Un turbio asunto
El asunto en cuestión lo resume Alternativa por Colmenarejo aclarando que la llegada de esta mediana superficie “cuenta con el respaldo mayoritario de la población, asociaciones y partidos, incluido Alternativa por Colmenarejo. Sin embargo, lo que ha provocado el rechazo de muchos vecinos -cada día más, a medida que se van conociendo los entresijos de este feo asunto- es el desmedido interés de la alcaldesa por ubicar Mercadona en la parcela de un constructor afín, a pesar de que para ello haya tenido que desproteger una zona de la Colonia de Santiago y aumentar su edificabilidad, del 35 al 95 por ciento. En España tenemos una palabra que define perfectamente este tipo de operaciones urbanísticas: pelotazo. ¿Por qué ese interés en que Mercadona se instale, precisamente, en la parcela de este conocido constructor del pueblo, actuando el Ayuntamiento como su agente inmobiliario?”, se cuestiona este nuevo partido.
Graves acusaciones de la edil
Ante el segundo rechazo de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid a someter el ‘caso Mercadona’ a votación, la primera edil, Mª Isabel Peces-Barba, se ha lanzado a la prensa local para explicar a los vecinos su versión de lo que está ocurriendo con este caso. Lo sorprendente es que la alcaldesa asegura en su escrito que el vecino que ha denunciado el caso junto a otros ciudadanos y asociaciones locales “al parecer tiene muchas amistades importantes en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y, a base de informaciones que no puede probar porque son falsas, presenta escritos y consigue, repito, sin probar nada de lo que afirma, que desde el mes de diciembre de 2009, es decir hace casi un año, este proyecto tan beneficioso para este municipio esté paralizado sin ningún motivo con todos los informes favorables en la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid”. De esta manera, no sólo acusa al Ejecutivo regional de un posible delito de prevaricación, sino que la alcaldesa está inculpando explícitamente a un vecino de sus problemas urbanísticos y de un posible perjuicio para el municipio. Y llega, incluso, a hacer público el nombre de quien se opone al acuerdo del Equipo de Gobierno con el constructor local que quiere alquilar la parcela a Mercadona.
No es, pero parece un convenio
Según lo expuesto por la propia regidora, el constructor alquilaría su parcela a Mercadona, siempre y cuando la Comunidad apruebe su desprotección y un espectacular aumento de edificabilidad. El beneficio para el Ayuntamiento sería un nuevo espacio para la Policía Local y la creación de un pequeño parque. Pero, como denuncia AxC, esto presenta un serio problema: “La nueva ley del suelo, precisamente para poner coto a los desmanes y corrupción asociados al urbanismo, limita este tipo de acuerdos de urbanismo a la carta entre particulares y ayuntamientos, lo que se conoce por convenios urbanísticos”.
Y añaden que “la cosa tiene todavía peor pinta: la alcaldesa asegura que este constructor, a cambio de modificar a su medida las normas urbanísticas hasta el borde de la ley (o más allá, en nuestra opinión), va a donar suelo para un parquecito y una parcela para un nuevo edificio de la Policía (¿y quién va a construir el edificio? y ¿con qué dinero...?). Esto permite a la alcaldesa ‘justificar’ esta operación urbanística hecha a la medida de ciertos intereses, ajenos al pueblo. Por ello, la alcaldesa asegura a nuestro partido por escrito que no existe ningún convenio. Tiene gracia, porque la única manera de ‘vendernos’ el caso Mercadona sería asegurar que sí hay convenio, porque si no lo hubiera, lo del edificio nuevo de la Policía y el parque sería como lo de la piscina que nos iba a construir la Universidad ¿se acuerdan? Por eso, en varias declaraciones públicas y actas de plenos, dejan caer que sí hay convenio, es decir, reconocen que han incumplido la ley. Lo miremos por donde lo miremos, es infumable”.
En una posible vía penal
Por todo ello, los vecinos y grupos que denuncian este asunto están convencidos de que todas las actuaciones de este expediente de Modificación Puntual 08 de las Normas Subsidiarias de Colmenarejo “están contaminadas por intereses ajenos al interés público”. Y ven necesario que la Comunidad de Madrid estudie todo el expediente, incluidas las acciones previas a la modificación del planeamiento, como el acuerdo del encargo del proyecto, las facturas, que se identifique al redactor de dicho acuerdo, así como los informes jurídicos y técnicos, las actas o la forma en que se hizo la información pública y las alegaciones. En este sentido, los denunciantes consideran indispensable que la Comunidad de Madrid conozca el cauce que ha seguido este expediente donde, aseguran; “existen elementos suficientes para que el procedimiento acabe no sólo en la vía administrativa, sino en la penal”.