RICARDO FANJUL | Miércoles 22 de octubre de 2014
El pasado sábado se hizo efectiva la apertura del denominado Camino del Pardillo, en el término de Torrelodones, concretamente en la finca Panarras. Al acto, encabezado por el alcalde, Carlos Galbeño, acudieron representantes de la Corporación, la Policía y la Guardia Civil, pero no de la propiedad.
Para celebrar la recuperación de este camino histórico, la Sociedad Caminera del Real del Manzanares convocó una marcha que discurría desde la estación de Cercanías hasta la presa del Gasco. Sin embargo, cuando el domingo por la mañana el grupo de caminantes llegó a la citada finca, donde el día anterior el Ayuntamiento había retirado la valla, se encontró con la oposición del propietario, que había dejado un vehículo impidiendo el paso.
Indignación e incredulidad
La indignación de los caminantes y los representantes de la Sociedad Caminera del Real del Manzanares no fue sólo por la actitud del propietario, si no por la de la Guardia Civil. “Si había algún indicio de delito debían haber actuado entonces, no al día siguiente con los vecinos”.
Según han explicado los camineros, ante la imposibilidad legal de impedir el paso por un camino recuperado de manera oficial por el Consistorio, el propietario escogió la vía de denunciar a los excursionistas y la Guardia Civil procedió a identificarlos. “En ningún caso es de recibo intentar pedir la filiación de todos los presentes por lo que implica de prejuzgar un posible delito de cien ciudadanos y de coacción a sus derechos. Hemos tenido que ser nosotros los que planteáramos que lo racional era coger sólo las identificaciones de los responsables”.
Durante el incidente, los organizadores intentaron en vano que se presentase algún representante municipal para ratificar el acto de apertura del día anterior. Tras la jornada, la Sociedad Caminera presentó una denuncia por coacciones, obstrucción ilegal del camino y no acatamiento de la autoridad municipal.
A lo largo de esta semana, los organizadores esperan mantener diversos encuentros, entre ellos con el alcalde, para pedir explicaciones sobre la actitud de su concejal de Seguridad y para que se garantice el libre recorrido por el citado camino.
Finalmente, fuentes municipales recuerdan que quienes obstaculicen el libre tránsito de personas por esta vía de dominio público podrían incurrir en los supuestos previstos en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad, que contempla sanciones de hasta 30.000 euros.