El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
O ha sido ni mucho menos un camino de rosas, pero las 132 viviendas de protección de Unamuno, en San Lorenzo de El Escorial, ya están terminadas, de modo que el acto oficial de la entrega de llaves se celebrará aproximadamente en un mes, culminando así un proceso que ha estado salpicado de diferentes problemas. El primero tuvo que ver con la delicada ubicación de esta promoción, lindando con el monte (aunque en una cota inferior a otras construcciones), lo que provocó fuertes críticas del PSOE y los grupos ecologistas, mientras que Izquierda Unida siempre apoyó al Ejecutivo del PP en esta actuación. El resultado, finalmente, es el de unas casas con unas calidades notables, muy por encima de otras promociones de viviendas protegidas que se desarrollan en distintas localidades de la región. Las vistas, el precio y la disposición en pequeños bloques (algo que ha contribuido a reducir el impacto visual) hacen de estas casas un modelo a seguir, máxime cuando se ha logrado una integración con el entorno urbanístico más inmediato (Aldeas Infantiles, Cooperativa, calle Residencia y Unamuno), algo que era indispensable para no agredir desde el punto de vista medioambiental una zona sensible y que, por otra parte, se encontraba hasta hace años con un importante grado de deterioro.
Por otra parte, los problemas económicos de la constructora Obrum obligaron a la intervención rápida de la Empresa Municipal de la Vivienda, que ha demostrado ser un organismo eficaz a la hora de manejar situaciones de este tipo, además de dejar claro que hay ocasiones en que más vale remar en la misma dirección que no crear un alarmismo injustificado. Así las cosas, el reto ahora para el Equipo de Gobierno es poner en marcha nuevas promociones que atiendan las necesidades de los vecinos (y más en una situación como la actual), para lo que se manejan distintos terrenos en la calle Residencia y en el patio y jardín del antiguo colegio de las Carmelitas, en donde el PP ya se ha encontrado con la oposición de colectivos ecologistas y vecinales, por lo que cualquier actuación deberá ser extremadamente cuidadosa. Además, el Ejecutivo espera poder resolver el contencioso con la Policía Nacional respecto a los terrenos situados tras la Academia de la Guardia Civil, si bien en este caso las cosas todavía parecen ir para largo.