Aún resuenan en mis oídos las palabras de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, afirmando que le parecía indecente que mientras la inflación ronda en nuestro país el menos uno por ciento y teniendo más de cuatro millones de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación hasta los 70 años.
Para mí, señora ministra, lo indecente es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 euros y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas hasta los 6.500 euros. Indecente es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad, un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de Festejos de un ayuntamiento de tercera. Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura, como ha ocurrido los últimos años en Collado Villalba. Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años a la Seguridad Social para recibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete. ¿Y qué me dicen de los miembros del Gobierno? Esos, para cobrar la pensión máxima, sólo necesitan jurar el cargo. Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo (IRPF). Y díganme si no es indecente colocar en la administración a miles de asesores (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados). Indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual) o el coste que representan para el resto de los ciudadanos sus comidas, sus coches oficiales, sus chóferes, guardaespaldas, viajes, tarjetas de crédito. Indecente no es que se congelen el sueldo nuestro políticos, sino que no se lo bajen o que, algunos, concretamente los diputados, tengan seis meses de vacaciones al año. Indecente es que nuestros secretarios de Estado y altos cargos de la política, cuando cesan, sean los únicos ciudadanos de nuestro país que pueden legalmente percibir dos salarios del ‘erario público’, etc. etc. etc. Para concluir, señora ministra: indecente, para mí, por ejemplo, es decir lo que usted ha dicho.
Torrelodones: muchos novios/as para una Alcaldía en crisis
Desde hace algunos meses, en el Partido Popular de Torrelodones se viene detectando un ambiente un tanto enrarecido, más desde que el alcalde, Carlos Galbeño, anunciara su retirada de la política activa. Y esta situación también se puede apreciar en el entorno del propio Ejecutivo, sobre todo a tenor de los enfrentamientos habidos últimamente entre algunos concejales populares, que actualmente parecen estar divididos en dos bandos: los pro-Galbeño y los pro-María Gádor Ongil Cores, actual presidenta del PP local y ex concejala de este Consistorio durante la legislatura 1995-1999, quien, al parecer, no es santo de la devoción de muchos torrelodonenses.
Y si a todo esto unimos la crítica situación por la que atraviesan las arcas municipales, de ahí la renuncia presentada por la edil responsable del área de Hacienda, Silvia González, y la decepción que ha causado en el seno del Ejecutivo la negativa por parte de la Comunidad de Madrid de recalificar las 128 hectáreas del Área Homogénea Norte, donde pretendían construir 1.500 viviendas y un campo de golf, es fácil imaginar el mazazo que todo esto ha podido ocasionar a la tesorería municipal y, sobre todo, a las optimistas previsiones políticas y económicas de los dirigentes locales. Y esto lo saben perfectamente los grupos de la oposición, de ahí que Vecinos por Torrelodones, Partido Socialista y los independientes de ‘Actúa’ se sientan, ahora más que nunca, con bastantes posibilidades de desbancar al PP, después de dos largas décadas de gobiernos conservadores. Así es lógico que empiecen a barajarse algunos de los posibles candidatos/as dispuestos a ocupar, a partir de mayo de 2011, el sillón de la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelodones.
Metro: Una huelga salvaje, política y teledirigida
La huelga de Metro de Madrid, convocada por los sindicatos mayoritarios para los días 28, 29 y 30 de junio, para protestar por los recortes salariales que la Comunidad de Madrid ha pretendido aplicar de acuerdo con el Decreto Ley del gobierno de Zapatero, en el momento de escribir estas líneas, está afectando a más de dos millones de personas, entre las que se encuentran miles de vecinos de nuestra comarca que, diariamente, se desplazan a trabajar a la capital. El agravio sufrido por los usuarios de este transporte público es obvio y la insolidaridad de los huelguistas ha quedado patente a través de la actitud represiva de unos piquetes que, además de agredir a algunos trabajadores, se negaron a respetar la ley al impedir los servicios mínimos, perjudicando con ello los intereses de miles de trabajadores que, a diario, utilizan este transporte. Desde luego no es de recibo que con la que esta cayendo en nuestro país, se fomente una huelga política, cuyo único objetivo no es salvaguardar los derechos de los trabajadores -incluimos los del Metro-, sino mantener el status de privilegio de los pseudosindicatos.