Empieza a ser bastante habitual que el Gobierno de Zapatero se desdiga hoy de lo que ha dicho ayer, tal como ha sucedido con el Real Decreto Ley de medidas antidéficit publicado en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al pasado lunes, por el que se prohibía a las entidades locales acudir al crédito público a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones. Es decir, el Gobierno cerraba el grifo a los ayuntamientos para evitar que siguieran acudiendo a las entidades bancarias a pedir créditos desde el mismo día 24 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2011.
La reacción de los alcaldes no se hizo esperar y así, mientras unos anunciaban manifestaciones de protesta otros apostaban por tomar medidas impopulares como la subida de impuestos e, incluso, hubo regidores que se plantearon dejar de pagar las nóminas a partir del próximo mes de junio. Los gritos debieron llegar a Moncloa, tanto que al día siguiente, para sorpresa de todos, el BOE publicaba otro decreto que invalidaba el anterior, puntualizando que la prohibición a los consistorios para que recurrieran al crédito bancario entraría en vigor el 1 de enero de 2011 y finalizaría el 31 de diciembre de ese mismo año. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, se apresuró a agradecer la ‘sensatez’ del Gobierno al cambiar el decreto y permitir con ello que los ayuntamientos puedan endeudarse hasta final de año, algo imprescindible para poder desarrollar sus presupuestos “sin hacer recortes, porque no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido”, mientras la ministra de Economía, Elena Salgado, intentaba escurrir el bulto de esta nueva metedura de pata diciendo que todo se debía a un error en las fechas que aparecían en la primera publicación del BOE. La cordura se ha impuesto, pero el susto a los alcaldes no se lo quita nadie. Con Zapatero al borde del ataque de nervios, tendremos que acostumbranos al manido “donde dije digo, digo Diego”.
La escolarización del hijo del alcalde de Collado Villalba
Tal como lo cuenta, lo transcribo: un vecino de Collado Villalba se ha dirigido a nuestro periódico para denunciar lo que él califica como un “manifiesto trato de favor en la escolarización del hijo del alcalde de Collado Villalba, José Pablo González”. Y critica esta situación porque “si hay algo que debe caracterizar los servicios públicos es la ausencia de discrecionalidad. Las reglas de juego tienen que ser definidas previamente y ser idénticas para todos los ciudadanos”.
La historia comienza cuando este padre que dice tener un hijo de la misma edad que el del regidor, solicita su escolarización en el centro El Enebral, “donde me dijeron muy amablemente que en este colegio andaban escasos de plazas. Que podría matricularlo en el Vázquez Díaz o en Cañada Real, hecho que asumí sin la mayor objeción. Han pasado los años y el otro día coincidí con una persona que vive en la zona de Cantos Altos y me contó que el hijo del señor González estaba escolarizado en el colegio Cantos Altos, único centro de educación primaria bilingüe de nuestro municipio, y no puedo entender cómo este señor que vive a escasos metros del colegio El Enebral ha tenido la oportunidad de matricular a su hijo en un centro que ni siquiera se le ofreció al mio. Por si esto no fuera suficiente, he podido comprobar que se trata de un colegio de línea 2, es decir con dos clases por curso, y la única excepción es la línea del privilegiado niño, que tiene tres clases por curso y un ratio de alumnos por clase inferior al resto de los cursos. Y este manifiesto trato de favor se ha realizado a pesar de que 52 niños y niñas de las urbanizaciones próximas a ese centro se han quedado sin plaza y para mayor despropósito el alcalde diga que esto no es culpa del Ayuntamiento sino de la Comunidad de Madrid. Bien, ya que no me contestó en el chat de ‘El País’, quiero plasmarle aquí la misma pregunta: ¿Señor alcalde, tiene Esperanza Aguirre la culpa de que su hijo esté escolarizado en el único colegio bilingüe del pueblo que, además, no le corresponde por zona de escolarización? ”.
La nueva Ley de Seguridad Vial y el evidente afán recaudatorio
“Una farsa en materia de sanciones”. Así define la reforma de la Ley de Tráfico Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Además, otros expertos han denunciado que la ley que esta semana ha entrado en vigor tiene vicios de ilegalidad y un claro afán recaudatorio. Así que vayan preparando el bolsillo, porque si a esto unimos el hecho de que el número de multas y denuncias impuestas por Guardia Civil de Tráfico y Policía Local en nuestra región ha crecido notablemente en el primer trimestre de 2010, la cosa se va a poner muy fea. Esta interpretación, obviamente, está sujeta a la opinión de cada cual, pero resulta cada vez más difícil abstraerse del crítico momento económico por el que traviesa nuestro país y del afán recaudatorio de nuestras administraciones, incluidas las locales. El dato queda ahí, tanto para los que quieran ver algún tipo de intencionalidad en el incremento de multas y denuncias como para aquellos que piensen ingenuamente que todo es fruto de una coincidencia temporal.