POR PARALIZAR CASI DOS AÑOS EL PROYECTO DE PISOS DEL IVIMA
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Ayuntamiento ha sido condenado a pagar cerca de 800.000 euros a una empresa constructora, Fercaber Construcciones S.A., por paralizar durante cerca de dos años los pisos de protección del IVIMA.
Según ha podido saber El Faro del Guadarrama, el Gobierno socialista vendió en 1995 los antiguos terrenos del Matadero al IVIMA para que éste construyera pisos de protección oficial.
En el convenio se estableció -además del número de metros, los edificios que se podrían construir y los viales que se iban a ejecutar- que se reservaba un 10 por ciento de aprovechamiento para el Consistorio villalbino, pese a que entonces la ley establecía un 15 por ciento.
“Lo mejor para el municipio”
Ése fue el argumento que llevó al Ejecutivo presidido por José Pablo González a paralizar en 2003 los trabajos que se estaban realizando, buscando, según señaló, “lo mejor para el municipio”. En el pleno celebrado el 17 de julio de aquél año, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra, defendió esta suspensión de licencias explicando que “el valor de ese 15 por ciento del suelo siempre será mayor que las posibles indemnizaciones”, en lo que ahora se revela como una profecía de lo que finalmente ha ocurrido.
A expensas de un más que probable recurso, el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 726.625 euros por los daños y perjuicios producidos a la mercantil.
Una vez más, las arcas municipales sufrirán un varapalo de causa jurídica debido a la poca previsión del Equipo de Gobierno, y es que pese a que el fin estaba justificado (obtener un 5 por ciento más de terreno para el municipio), el daño económico nuevamente vuelve a ser muy considerable. Además, durante el último año, ésta no ha sido la sentencia condenatoria más importante para el Ejecutivo, ya que hay que recordar que la llamada ‘Tasa de Bomberos’ ha supuesto que el Consistorio tenga que abonar a la Comunidad de Madrid más de 7 millones de euros.
Reveses judiciales
El alcalde, José Pablo González, en ambos casos ha defendido los supuestos beneficios para el municipio, aunque ha salido escaldado, en el primero porque han tenido que pagar más de 700.000 euros al promotor y las familias han tenido que esperar dos años para poder ocupar una vivienda social de primera necesidad. Y en el segundo caso, porque ha quedado demostrado la legalidad de la tasa.
También han sido importantes las sentencias en contra del Ejecutivo en materia de Personal, ya que en los últimos años ha sido condenado a readmitir a trabajadores, pagar horas extra y cambiar tipos de contratación.