Sólo había que verle la cara a mi paisano, José Luis Rodríguez Zapatero, para comprobar el mal trago que estaba pasando, el pasado miércoles, durante su intervención en el Congreso, donde anunció las medidas con las que su Ejecutivo pretende paliar el déficit del Estado a través del ahorro de unos 15.000 millones de euros. Funcionarios, con un recorte del cinco por ciento de sus salarios; pensionistas con sus modestas percepciones salariales congeladas sine die y las decepcionadas futuras mamás que ya no contarán a partir del próximo año con el cheque-bebé, fueron los colectivos más perjudicados por este superapretón de cinturón exigido por Bruselas ante la inoperancia de un Gobierno que se ha pasado casi dos años mirándose el ombligo y viendo brotes verdes a diestro y siniestro, salidas de túneles imaginarios y otros absurdos espejismos, mientras la bola del déficit y el paro seguían engordando.
Ahora lo que se plantea es cómo salir de este profundo agujero y para ello, al menos eso dijo el presidente, será necesaria la colaboración de todos. Y en ese ‘todos’ también están incluidos ayuntamientos y comunidades autónomas, con los que se pretende obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los próximos meses.
Y aquí es donde mi escepticismo es aún mayor, porque de los más de 8.100 municipios de nuestro país, el 85 por ciento está endeudado hasta el cuello y ese 15 por ciento restante corresponde a los ayuntamientos más pequeños, con censos de población inferiores al millar de habitantes. Me temo por tanto que Zapatero lo va a tener bastante complicado a la hora de hacer caja con una Administración local que está en bancarrota, que en algunos casos tiene serias dificultades para pagar las nóminas y que sigue acuciada por la presión de sus miles y miles de acreedores. Aún así, sus alcaldes se resisten a cortar el grifo del despilfarro, manteniendo contra viento y marea los cargos de confianza, los sueldos desproporcionados de los miembros de la Corporación, las dietas por asistencias a plenos, comisiones, etc. Incluso, en Collado Villalba, cuyo gobierno está regido por el Partido Socialista, el alcalde se ha permitido el lujo de comprarse un coche nuevo y mantener a dos conductores-guardaespaldas a su servicio. No va a ser fácil convencer a muchos de nuestros políticos para que renuncien a su estatus y disminuyan su alto nivel de vida.
Los vecinos de Colmenarejo piden hablar y el PP local un líder
Bajo el lema “Alcaldesa: ¿podemos hablar?”, Alternativa por Colmenarejo ha convocado el domingo a los vecinos a una gran concentración en la plaza del pueblo para decirle a su regidora, María Isabel Peces Barba, entre otras cosas, que todos los ciudadanos sin distinción tienen derecho a hablar, a que se les escuche, se tenga en cuenta su opinión y se les trate con respeto. Y es que la mayoría de los ciudadanos de esta bonita localidad serrana empiezan a estar hartos de las chapuzas, de la desidia, de la improvisación y de la incompetencia de un Ejecutivo cuya pasividad a la hora de gestionar el municipio empieza a resultar bastante preocupante.
Y mientras Alternativa por Colmenarejo sale a la calle para mostrar sus justas reivindicaciones, el PP local, en manos de una gestora presidida por Cristina Cifuentes, empieza a planificar la política a seguir de cara a los próximos comicios. Acabar con el reinado de la alcaldesa es su objetivo y para ello han empezado a barajar algunos de los nombres que formarán la candidatura popular que, según los rumores, podría estar encabezada por el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Emiliano Rodríguez, vecino de esta localidad desde hace más de un año y que, al parecer, cuenta con la confianza de Esperanza Aguirre, a la que acompañó recientemente en la inauguración de la nueva sede del PP. También se le vio en el acto de colocación de la primera piedra del Centro de Educación de Adultos.
Marisol Casado y Carmen Díaz, dos alcaldesas en apuros
La alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, y la de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Carmen Díaz, que gobiernan sus respectivos consistorios con mayoría absoluta, no parecen estar pasando por su mejor momento en su ya larga andadura dentro de la política local.
Marisol Casado sufre estos días la presión de algunos poderes fácticos alpedreteños tras la paralización del Plan General y las presuntas modificaciones que puedan realizarse en el mismo a la hora de consensuar su futura aprobación. Es más, un diario local, al parecer vinculado a uno de los afectados por este posible recorte, ya ha pedido la dimisión de Casado si no es capaz de ‘arreglar’ el asunto.
Por otro lado, tenemos a Carmen Díaz, imputada por un presunto delito de cohecho en el Juzgado número tres de Colmenar Viejo, como consecuencia de la denuncia presentada contra ella por un constructor de Cerceda, quien le acusa de haberle exigido el pago de 120.000 euros a cambio de tramitarle un expediente urbanístico. Díaz sigue manifestando su inocencia, desmiente las acusaciones vertidas contra ella por los representantes de la oposición y les pide que dejen actuar a la justicia. La complejidad de los asuntos es obvia.