Denuncian la existencia de un vertedero ilegal de escombros

La Policía Local de Valdemorillo descubrió hace meses un grave delito ambiental en las proximidades del río Aulencia, levantando acta de la inspección, como así quedó reflejado en el Ayuntamiento el 13 de noviembre de 2009. Miles de kilogramos de escombros, con restos de asfalto, ladrillos, inodoros y demás residuos inertes, están sirviendo para rellenar el espacio dejado por una vieja gravera. La obligación del propietario de esta finca es la restauración del suelo con tierra vegetal, pero un error en la interpretación de esa obligación ha llevado a confundir tierra vegetal con escombros. La diferencia no se refiere únicamente a la afección al medio ambiente que está provocando el cambio de material, sino a una cuestión económica: entre 10.000 y 20.000 euros mensuales. Esta es la estimación que se puede extraer de las comprobaciones realizadas por el grupo de la oposición Pivalde, asegurando que cada camión que vierte en esta parcela abona la cantidad de 50 euros.


Este partido señala que en media hora de control pudieron comprobar la entrada y vertido de cuatro camiones. Teniendo en cuenta una estimación muy a la baja (15-20 vehículos al día únicamente de lunes a viernes), el benefició rondaría entre 16.000 y 22.000 euros al mes.

A pesar de la inspección de la Policía Local hace cinco meses, Carmen Villanueva, concejala de Pivalde, asegura que la alcaldesa de Valdemorillo “hizo oídos sordos a esta denuncia y ha permitido a la empresa seguir operando de manera clandestina, sin tomar ninguna medida”. Otro aspecto que llama la atención de quienes han descubierto esta situación es la coincidencia de propiedad con quien pretendió montar el vertedero legal -finalmente desestimado- que provocó el rechazo de los vecinos de las urbanizaciones más próximas. “Siendo grave la postura de inhibición de la regidora ante esta ilegalidad, mucho más grave es que los titulares de las parcelas donde se están vertiendo los escombros sean los mismos que pretendían instalar en el mismo polígono, en la parcela 184, la famosa planta de reciclaje de escombros”, indican desde PIVALDE.

Esta situación recuerda a la que se produjo hace unos años en el vecino municipio de Galapagar, donde la Mina Maribel explotó también una escombrera ilegal de similares características, que fue clausurada en el momento que fue descubierta. “Parece ser que todo aquello que es rechazado por nocivo en los pueblos de alrededor encuentra cobijo en nuestra localidad, con la aquiescencia de la alcaldesa López Partida”, añade Villanueva”.
¿Una simple coincidencia?
Según esta edil, el daño causado en la zona, uno de los parajes con mayor valor ambiental del término municipal, “es irreparable”. “Estamos hablando de miles y miles de metros cuadrados, y miles y miles de metros cúbicos de escombros vertidos”, subrayó. Desde Pivalde se preguntan qué es lo que hay detrás de todo esto. Incluso se plantean si “es una simple coincidencia que la empresa que pretendía instalar la escombrera sea la misma que está beneficiándose de una actividad para la cual no tiene permisos”
La obligación de denunciar
Como cualquier ciudadano, obligado a denunciar cuando conozca la comisión de un delito, Pivalde ha asegurado que, “aunque desde otros partidos, como Progresistas de Valdemorillo, se nos difame y critique, es nuestra obligación y vamos a denunciar ante los organismos pertinentes el asunto, por el bien de nuestro municipio”.