Een reiteradas ocasiones, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como algunos miembros del Ejecutivo regional han salido a la palestra para aclarar las funciones que tienen encomendadas los agentes de las Bescam destinados en los distintos ayuntamientos de nuestra región, y éstas no son otras que “desarrollar sus funciones en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito”. Es más, en el año 2006, como consecuencia de las decisiones tomadas por algunos consistorios del sur, entre ellos Leganés, Fuenlabrada y Rivas, al encargar a estos efectivos tareas que nada tenían que ver con la seguridad ciudadana (control del tráfico urbano, multar a los conductores o realizar tareas de tipo administrativo), funciones que justificaban en el hecho de que la Delegación del Gobierno de Madrid no reconocía la resolución de ámbito autonómico que regulaba las tareas de estos agentes, obligó a la Comunidad a denunciar esta situación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que posteriormente dictaminaría que no sólo las funciones a desarrollar por los agentes de la Bescam eran exclusivamente de seguridad ciudadana, sino que, además, dejaba sin efecto las competencias que tenían asignadas los alcaldes en materias de seguridad en relación a este cuerpo de rango semiautonómico.
Pues bien, cuatro años más tarde, y pese a las amenazas vertidas por la Consejería de Interior de retirar a estos agentes de los municipios donde se incumplía las misiones que debían asignarles, es fácil ver a diario en algunas localidades serranas cómo brigadas de las Bescam se pasan la mayor parte de la jornada haciendo tareas que no les corresponden, entre ellas las de regular el tráfico o sancionar a los conductores que no llevan los papeles en regla, están mal aparcados o, simplemente, no respetan el código de la circulación; actuaciones que en muchas ocasiones, como denunciaba éste periódico la semana pasada, mostraban ciertos síntomas de voracidad recaudatoria con el supuesto objetivo de recaudar fondos para intentar paliar los problemas económicos de sus respectivos consistorios, en vez de defender el interés general de la ciudadanía en materia de circulación. Collado Villalba, por el número de efectivos policiales, población y la grave situación por la que atraviesa su tesorería municipal, tal vez sea el mejor exponente de la ilegal utilización de estos agentes que, recordemos, están financiados íntegramente por la Comunidad de Madrid.
No es lógico, pues, que algunos regidores locales permitan que estos hechos se sucedan casi a diario porque, ante todo, ellos tienen la obligación de anteponer la seguridad de sus representados a hacer caja vía multas.
La alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz, debe dar explicaciones
Comprendo que la situación judicial de Carmen Díaz, alcaldesa de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, no invita precisamente a dar saltos de alegría tras la noticia publicada por El Faro del Guadarrama el pasado 5 de marzo, relacionada con el auto dictado por la magistrada Alicia Barba de la Torre, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, donde se imputaba a la regidora serrana un presunto delito de cohecho en virtud de las diligencias realizadas tras la denuncia presentada en mayo de 2007 por el constructor de Cerceda Antonio Gata Moralez. Aún así, creo que esto no era suficiente motivo para que Díaz pierda los nervios e intente desahogar su cabreo con este periódico por el hecho de haber publicado, el pasado viernes, una nota enviada por los representantes de la oposición en El Boalo, donde le pedían la creación de una Comisión de Investigación sobre dicho auto judicial y, también, “para que de una forma transparente y abierta pueda ser analizada su gestión como alcaldesa”. Carmen Díaz, le guste o no, tiene la obligación moral y política de dar explicaciones sobre su situación judicial a los grupos de la oposición o, de lo contrario, para no perjudicar más a su partido, pedir la suspensión de militancia en el PP.
Se reabre la polémica sobre el uso del pañuelo musulmán
La polémica generada por Nawja, alumna expulsada de un instituto de Pozuelo por llevar velo, nos recuerda el caso protagonizado por Fátima Elidrisi, una joven musulmana que años atrás saltó a los medios por un asunto similar al acudir a un centro concertado de monjas concepcionistas de San Lorenzo de El Escorial con un pañuelo cubriéndole la cabeza. En aquella ocasión, la solución llegó vía traslado a otro instituto, y pienso ahora que el problema de Pozuelo sólo se podrá solucionar, tras el dictamen del Consejo Escolar, trasladando a Nawja a otro centro. La disparidad de opiniones generada por el velo o hiyab mantendrá este tema en candelero, al menos hasta que nuestras autoridades no tomen medidas al respecto. No entiendo cómo el Ministerio de Educación, después de pedir que se retiraran los símbolos religiosos de las escuelas públicas, incluidos los crucifijos, no hiciera lo propio con los velos, convertidos en signos religiosos, claramente discriminatorios.