Un inspector del Defensor del Pueblo descubre “cuerdas de sujeción” en un centro de menores

Ayer declararon ante el Juzgado número 7 de Collado Villalba los jóvenes que denunciaron haber sufrido malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores en un centro de menores situado en Galapagar. Los hechos, de los que ya informamos en su momento en El Faro del Guadarrama, se produjeron hace unos dos años. Este proceso coincide además con la noticia de que un inspector del Defensor del Pueblo, que acudió por sorpresa a este centro, descubrió la presencia de amarres y cuerdas de sujeción en las camas, así como que los chicos, a su juicio, estaban medicados en exceso sin haber recibido información acerca de los fármacos que se les suministraba, según fuentes de este organismo.

En este sentido, la oficina del Defensor del Pueblo ha abierto una investigación contra este centro terapéutico de menores con trastornos de conducta. Al parecer, la visita se realizó la semana pasada tras las denuncias presentadas por varios jóvenes que aseguraron haber sufrido presuntos malos tratos físicos y psíquicos.

Por otra parte, entre los cuatro jóvenes denunciantes hay un menor, por lo que éste acudirá a la declaración acompañado de un educador de la Comunidad de Madrid. “Al inspector le sorprendieron algunas medidas adoptadas. Vio en las camas cuerdas de sujeción para amarrar a los chicos. Había discrepancia entre lo que decía el equipo directivo y los menores. La dirección contaba que en los últimos 20 años sólo se han usado las cuerdas en 20 ocasiones. Los chicos aseguraban que se emplean a diaria para amarrarles incluso hasta 48 horas”, indicaron fuentes del Defensor del Pueblo.

El citado inspector también comprobó que los chicos parecían estar demasiado medicados, sin conocer el motivo de por qué se les suministra tantos fármacos. “Los menores no conocen los medicamentos que toman porque no son informados, cuando la Ley del Paciente obliga a informar en todo momento”, añadieron las citadas fuentes.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación con la Comunidad de Madrid ante lo que considera una “situación alarmante”. Por ahora, este organismo ha remitido a la Comunidad una solicitud para que le aclare si tenían conocimiento de esta situación, permaneciendo a la espera de la correspondiente contestación.

Sistema homologado
El centro está gestionado por la empresa Mental Consulting S.L, pero depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Desde la Comunidad de Madrid insistieron que se emplea “un sistema de sujeción homologado”, que se utiliza también en hospitales para determinados casos, como pacientes con algún trastorno mental.

Además, indicaron que “todos los medicamentos los prescribe Salud Mental, basándose en los trastornos de los chicos”. “Los chavales entran con más medicamentos de los que salen”, reseñaron las fuentes consultadas. Asimismo, aseguraron que hay un informe del centro en el que consta que el inspector no les requirió más información de la solicitada entonces por la “transparencia” del lugar. Desde la Consejería de Asuntos Sociales indicaron que el pasado noviembre representantes de la Inspección de la Comunidad, de Fiscalía, del Defensor del Menor y del Pueblo visitaron el centro sin transmitir ninguna queja al respecto.

Además, añadieron que por ahora no han recibido ningún tipo de requerimiento ni por parte del Defensor del Pueblo ni por parte del juzgado que investiga los hechos. “Nadie nos ha informado de nada y no se nos acusa de nada”, apuntaron.

Las denuncias fueron presentadas el pasado 7 de diciembre. En ambos documentos los chicos se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores, entre los que destacan agresiones, insultos o castigos injustificados. Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.

Según detallaba uno de los jóvenes, interno en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008, los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico.

Otra de las denuncias corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008. El joven se declara víctima de castigos psíquicos, como la obligación a ducharse delante de los educadores.Relata también que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales. Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.

Por su parte, J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. “Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque tenía que contar lo que había vivido. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron”, añadió.

Sobre este tema también se ha pronunciado el coordinador y portavoz regional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), solicitando una rápida aclaración, además de señalar que la información facilitada por la propia Consejería de Asuntos Sociales es “confusa”. “Esto demuestra que se hace necesario reforzar la inspección y sanción de aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores”, manifestó, añadiendo que, en cualquier caso, debe “primar la condición de menor sobre la de paciente”.

La Consejería de Familia afirma que no tiene conocimiento de la denuncia

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aseguró el miércoles no haber recibido ninguna denuncia relativa a este centro de menores de Galapagar, reiterando que no ha tenido acceso al informe del Defensor del Pueblo que alerta de la presencia de cuerdas de sujeción en las camas. En un comunicado, el departamento que dirige Engracia Hidalgo señaló que desde que se conociera el caso, en diciembre de 2009, el centro ha recibido cuatro visitas de diversas instituciones “sin que se haya comunicado, hasta la fecha, queja o incidencia alguna”. En concreto, el centro ha sido visitado por la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Menor, el Defensor del Pueblo y la Subdirección General de Inspección de la propia Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

Esta consejería manifestó igualmente su “sorpresa” por el hecho de que los medios de comunicación conozcan antes que la propia Consejería “una supuesta queja del Defensor del Pueblo”. “A día de hoy, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales sólo ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la existencia de una denuncia realizada por dos personas mayores de edad en el mes de diciembre de 2009 que habían dejado la citada residencia dos años antes”, señaló en un comunicado. Este departamento indicó finalmente que “teniendo las garantías sobre el buen funcionamiento del centro”, se estudiarán “las recomendaciones que pueda hacer cualquier institución sobre éste y otros centros”.