Casado asegura que su Ejecutivo “no oculta nada”, pero se niega a crear una Comisión de Investigación

El voto de calidad de la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado (PP), fue determinante para que no se forme una Comisión de Investigación, que analice el convenio urbanístico de Los Llanos-Sur, así como los contratos de compra u opción a compra asociados al mismo, especialmente el firmado por el concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, por si se hubiese incurrido en alguna irregularidad. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se encuentra bajo sospecha como consecuencia de una denuncia realizada por IU, ratificada por el PSOE y por la asociación Alpedrete Sostenible, en la que apuntaban que el citado edil podría haber manejado información privilegiada sobre el Plan General.


Tras la polvareda mediática, Carrión tomó la decisión de inhibirse de todos los asuntos que tengan que ver con el PGOU, así como con el citado convenio urbanístico, ya que se ha hecho público que es propietario, junto a miembros de su familia, de unos terrenos en este sector, que vendieron a un conocido promotor del municipio. En aquel contrato se establecía que el suelo sería recalificado en el futuro Plan General, algo que se hizo cinco meses antes de que saliese a exposición pública el documento. Hay que recordar que en aquel momento el concejal de Urbanismo era un afiliado más del Partido Popular, por lo que la oposición quería saber si podría haber manejado información privilegiada.

La decisión de no crear una Comisión de Investigación se tomó en un pleno extraordinario convocado por la oposición en el que Marisol Casado perdió los nervios en más de una ocasión, llegando a acusar a la secretaria municipal, Nieves Elvira, de haber “querido ocultar los contratos de compraventa”, hecho que la funcionaria negó de forma categórica.

Esta reacción por parte de la regidora se produjo cuando Elvira, a instancias de una de las preguntas de la oposición, señaló que en la declaración de bienes del concejal Tomás Carrión éste había declarado que tenía una propiedad en Los Llanos Sur, pero no había indicado que sobre ella existía una opción de compra.

Izquierda Unida - Los Verdes quiso poner de manifiesto que “el proceso de aprobación del PGOU está contaminado desde el principio, como lo demuestra el hecho de que mucho antes de que comenzara su andadura había vecinos y constructores que conocían sobradamente qué terrenos se iban a recalificar de rústicos a urbanos, lo cual les llevó a firmar contratos de compraventa como si en la práctica fuesen ya urbanizables. Que uno de los vendedores fuera, en la siguiente legislatura, concejal electo del PP y posteriormente elegido para desempeñar la responsabilidad del Urbanismo en el municipio no hace si no aumentar la responsabilidad política del PP de Alpedrete”.

El grupo municipal de IU-LV ha puesto de manifiesto que no es quien para hacer calificaciones que sólo corresponden a jueces y fiscales, y por eso ha sido la Comisión Ejecutiva de IU de la Comunidad de Madrid quien ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la información de la que se dispone para que sea esta instancia la que determine las posibles responsabilidades de índole jurídico.

Por su parte, Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA) señaló que con la Comisión pretendían “sacar a la luz pública lo que la alcaldesa nos comenta en privado”, indicó su portavoz Julián Jiménez, refriéndose a las mesas informativas convocadas por Marisol Casado. Jiménez aseguró que en este pleno se puso de manifiesto que “aún quedan muchas cosas por esclarecer, ya que fue durante esta sesión plenaria cuando tuvimos conocimiento de que Tomás Carrión había omitido datos en la declaración de bienes. Tan importantes como contratos en Los Llanos que le impiden participar en las votaciones”, recordó.

A juicio del portavoz de UNPA, resulta “paradójico” que la alcaldesa diga que trabaja con rigor y transparencia “cuando ha quedado de manifiesto que la transparencia la ha dejado de lado al no crear esta Comisión de Investigación”.

Finalmente, el portavoz del PSOE, Juan Aragoneses, recordó que, para su grupo, “hay indicios de que se haya cometido algo irregular en el convenio de los Llanos, por eso merecía la pena investigarlo”. Aragoneses recordó que su partido ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que estudie el caso, “pero también hay que depurar las responsabilidades políticas”, sentenció.

Según los socialistas, “es muy grave que el concejal de Urbanismo haya mentido en su declaración de bienes”, un dato muy importante porque “ha votado en temas relacionados con el PGOU cuando sus intereses particulares debían impedírselo”.

Sin embargo y ante este aluvión de críticas y petición de explicaciones, la alcaldesa ha insinuado que los concejales de la oposición sólo buscan cobrar las dietas de los plenos, y que por eso han convocado uno extraordinario. Además, Casado indica que los tres grupos pretenden únicamente hacer daño al Partido Popular. Pese a no haber querido crear la comisión, la regidora reiteró que su Equipo de Gobierno “no tiene nada que ocultar”.