De cuando José Pablo González suspendió, por decreto, la licencia de obra del centro comercial ‘Planetocio’

Iniciamos hoy una serie de reportajes relacionados con los aconteceres más importantes en esta larga década de gobierno socialista al frente del Ayuntamiento de Collado Villalba. El primero de estos trabajos está relacionado con el decreto firmado por el alcalde, José Pablo González, el día 29 de noviembre de 1999, por el que se suspendía la licencia de obra concedida por la anterior Corporación municipal presidida por el regidor popular, José Luis Peñalvo, a la empresa Inversoil, S.A., promotora del centro comercial Planetocio, suspensión que fue enviada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que “abra diligencias sobre las supuestas infracciones detectadas en la concesión de dicha licencia”.

Al margen de otras medidas de menor calado, como por ejemplo ordenar el derribo de la chimenea de una barbacoa construida en un chalé sin permiso (mientras se hacía la vista gorda con asuntos mucho más graves como el cerramiento indiscriminado de plazas de aparcamiento, terrazas de áticos, etc.), el Ejecutivo socialista presidido por José Pablo González quiso dar un golpe de mano para, según manifestaron posteriormente, acabar con la anarquía existente en este municipio en los asuntos relacionados con el área de Urbanismo. Así, el 29 de noviembre de 1999 González firmó un decreto por el que suspendía la licencia de construcción del centro comercial Planetocio que su antecesor en el cargo, el popular José Luis Peñalvo, había concedido a la empresa Inversoil S.A. siete meses antes. Esta decisión salió a la luz pública a través de un escrito anónimo filtrado por el propio Ayuntamiento, con el que pretendían justificar una decisión que iba en contra incluso de los dictámenes realizados por los propios técnicos municipales. Según este escrito anónimo, las cinco infracciones más importantes detectadas por un urbanista particular y por los servicios jurídicos de un despacho de Madrid, sin que en ningún momento pidieran opinión siquiera al arquitecto municipal, Pedro Riveiro Pita, cuyo informe había sido vinculante para la concesión de la citada licencia, eran los siguientes:
1.- Omisión del procedimiento de aprobación del Proyecto de Urbanización previo a la concesión de la licencia. 2.- Falta del procedimiento, previo o simultáneo para la concesión de la licencia de actividad, así como el informe vinculante de calificación medioambiental. 3.- Superación notoria de la edificabilidad permitida. Frente a los 14.550 metros, autorizables de las Normas Subsidiarias, el proyecto contempla 16.215 sobre rasante y 29.289 metros cuadrados si se computa la edificabilidad bajo rasante. 4.- Exceso en en 2,5 metros de altura sobre la máxima permitida. 5.- Incumplimiento de los mínimos exigibles de usos característicos.

Una semana más tarde, El Faro del Noroeste publicaba una amplia información advirtiendo que “la suspensión presentada por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede adolecer de un defecto de forma al no contemplar el informe del arquitecto municipal”.

Había, pues, muchas posibilidades de que el contencioso se volviera en contra del propio Consistorio, y así lo exponía un afamado jurista: “El promotor, lógicamente, ha presentado la documentación que en su momento le exigió el Ayuntamiento para tramitar la licencia. Que ahora sea la propia Alcaldía la que denuncie la omisión de un proyecto de urbanización, la ausencia de un informe medioambiental o de tráfico o el incremento de edificabilidad es, a mi entender, como tirar piedras sobre el propio tejado. Recurrir a los tribunales puede ser un arma de doble filo, porque en caso de encontrar irregularidades en la concesión de la licencia estas serán imputadas lógicamente al órgano municipal”.

Apenas dos meses más tarde se iniciaría una negociación entre Ayuntamiento y promotora, lo que permitió, previa rectificación de algunas de las anomalías o irregularidades denunciadas, el inicio de las obras de este complejo comercial cuya inversión superaba por entonces los 8.000 millones de pesetas. Y esto se produjo gracias al teórico pacto de no agresión establecido por entonces entre los dirigentes políticos de este Consistorio y los técnicos municipales, un pacto que 10 años más tarde parece estar vigente a tenor de los hechos acaecidos en el transcurso de esta década.

En cuanto al supuesto golpe de fuerza que pretendían dar el alcalde, José Pablo González, y el entonces edil de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra, con este decretazo, hemos de reconocer que en un principio causó un importante efecto psicológico entre los constructores y promotores locales, pero con el paso del tiempo terminaría diluyéndose hasta convertirse en un anecdótico espejismo. Y es que una cosa es predicar y otra dar trigo.