¿Acabará el PGOU de Alpedrete en la fiscalía?

El pasado lunes recibíamos un escrito de puntualizaciones firmado por los nueve integrantes del Equipo de Gobierno de Alpedrete, documento que publicamos hoy en la página 13, donde los firmantes responden, por un lado, al contenido de una denuncia publicada en la sección de ‘Cartas al director’ y, por otro, al comentario realizado por un servidor ese mismo día, en la sección ‘Luces y Sombras’, ambos relacionado con el PGOU de esta localidad.


Bien, respecto a mi comentario quiero aclarar que estaba basado, fundamentalmente, en los rumores y críticas generadas por un planeamiento urbanístico bastante polémico, rumores que esta misma semana se han hecho realidad tras la rueda de prensa convocada por el grupo municipal de Izquierda Unida, donde los responsables de esta coalición han pedido la dimisión inmediata del concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén, “porque sospechamos ha utilizado su cargo para promover un PGOU beneficioso para sus intereses particulares” y también la de la alcaldesa, Marisol Casado Nieto, a la que consideran “responsable de la actual situación de sospecha fundada que recae sobre el Ayuntamiento en referencia al sector ‘Los Llanos’, afectado por el Plan General”.Y toda esta polémica, al parecer, se suscitó tras el acuerdo firmado el pasado 30 de diciembre entre una empresa promotora local (actual propietaria de estos terrenos) y el Ayuntamiento, por el cual se supeditaba a la aprobación definitiva del PGOU la construcción de un importante número de viviendas en dicho sector. La aportación, en ese acto, por parte de la promotora de los contratos de compra y opción de compra de las citadas fincas permitió a IU comprobar que estos terrenos habían sido vendidos por Tomás Carrión, actual concejal de Urbanismo y su familia, a esa empresa el día 1 de julio de 2005, es decir seis meses antes de la exposición pública del PGOU (23 de diciembre), y como el contrato de compraventa hace referencia al Plan General que, por entonces, iniciaba el proceso de redacción, la pregunta que se hacen los denunciantes es: ¿Cómo sabía la promotora que estos terrenos iban a incluirse en el Plan General seis meses antes de su exposición pública? El Ejecutivo local, en una nota posterior, ha negado el “manejo de información privilegiada”, y Tomás Carrión ha respondido a las acusaciones de IU anunciando que emprenderá acciones civiles y criminales contra ellos si no rectifican. También la formación de izquierdas estudia llevar este asunto ante la Fiscalía, lo que de alguna manera viene a corroborar, al menos en parte, nuestra información de la semana pasada.

CGT pide la dimisión de la edil de Personal de Collado Villalba

Y el que últimamente no sale de una para meterse en otra es el Ejecutivo villalbino, ahora salpicado por una denuncia realizada por los representantes de la sección sindical de la CGT acusando a la concejala de Personal, Belén Sánchez, de un trato discriminatorio relacionado con el abono de horas extraordinarias al personal funcionario del Ayuntamiento. La CGT se muestra en contra del proceder de este Consistorio que, desde el año 2003, se niega a actualizar el valor de la hora extraordinaria fijada en convenio pese a existir una sentencia que, supuestamente, le obliga a abonar las diferencias económicas dejadas de percibir por el personal funcionario, pidiendo a la responsable de este área “que se pusieran al día los valores monetarios de las tablas de servicios extraordinarios de los funcionarios recogidos en el convenio colectivo de ese mismo año”. La concejala les respondió que la sentencia sólo afectaba al personal laboral. Pues bien, la CGT asegura que dispone de pruebas que permiten comprobar que Belén Sánchez ha mentido, ya que en la plantilla municipal existe al menos un caso que afecta a una funcionaria de carrera, que sí ha visto actualizado los valores de las horas extras, según aparece en su nómina, de ahí que soliciten la inmediata destitución de la edil de Personal “por su demostrada incompetencia”.

Otra patata caliente para José Pablo González, obligado a llegar al fondo de un asunto bastante delicado. Otra cosa es que lo haga.

Becerril, un Ayuntamiento que sí se ‘atreve’ a bajar el IBI

Nada mejor, después de todo lo escrito, que finalizar esta página con una buena noticia: el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra acordó en su última sesión plenaria rebajar el tipo impositivo del IBI en un 0,6 por ciento. Es decir, que pasarán del 0,68 por ciento actual, al 0,60, un descuento notable que los vecinos de este municipio van a agradecer a la hora de pagar dicho impuesto. Pero al margen de ello, lo más saludable es el Ejecutivo de Becerril afirme que ‘la buena nueva’ es consecuencia de un compromiso adquirido hace tres años por el Ejecutivo popular con sus ciudadanos. Enhorabuena a los dirigentes de este Ayuntamiento , porque este tipo de gestos no suelen abundar en un país donde los políticos suelen incumplir muchas de sus promesas electorales.