En la fotografía se puede apreciar el tráfico intenso que soporta la calle Rincón de las Eras
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El despilfarro es el mejor calificativo con el que se puede definir la gestión del Ejecutivo socialista en estos últimos seis años de Gobierno, en los que precisamente ha gozado de una cómoda mayoría absoluta. Y en este aspecto hemos de destacar la pésima gestión realizada por las áreas de Urbanismo (1999-2007) y Hacienda (2003-2009), cuyos responsables políticos de estos desaguisados tienen nombre y apellidos: José Antonio Gómez Sierra, concejal de Urbanismo durante las dos primeras legislaturas, cuando el sector inmobiliario atravesaba por sus mejores momentos y los constructores y promotores hacían cola a la puerta de su despacho, y Belén Sánchez, por entonces edil de Hacienda, cuya gestión estuvo salpicada de muchas sombras y pocas luces, y a la que, curiosamente, Gómez Sierra reemplazó en dicho cargo tras las elecciones celebradas en 2007.
Muchos dicen que de aquellos polvos vienen los lodos deficitarios que ahora tienen asfixiadas a las arcas municipales, unas arcas endeudadas en decenas de millones de euros con bancos, empresas, pequenos proveedores e incluso con la propia Administración del Estado. Entre los acreedores más importantes se encuentran Telefónica, Iberdrola, Canal de Isabel II, Correos e incluso a la propia Tesorería de la Seguridad Social, pues según datos facilitados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, respondiendo a una pregunta formulada por el diputado del grupo popular José Ignacio Echániz, a 31 de agosto de 2009, el Ayuntamiento villalbino debía a la Seguridad Social cerca de 200 millones de pesetas, concretamente 1.114.921,24 euros, cantidad que a día de hoy es posible que se haya incrementado aún más. Gómez Sierra, máximo responsable a la hora de gestionar los dineros de los villalbinos, negaba el pasado 30 de julio que la deuda municipal alcanzase los 72 millones, tal como había anunciado el PP. “Si debiéramos tanto dinero, creo que ya habría dimitido”, dimisión que ahora le piden la mayoría de los vecinos encuestados por nuestro periódico, al considerar como muy grave que la hacienda local mantenga deudas con la Seguridad Social, tal como recoge el recuadro de la derecha.
Un urbanismo de locura
Aunque el mundo de las administraciones esté lleno de misterios y sorpresas, lo sucedido durante las dos anteriores legislaturas en el área de Urbanismo sólo puede estar incluido en un catálogo de dislates y despropósitos, puesto que la mayoría de sus actuaciones han sido perjudiciales para el interés general de los ciudadanos, favoreciendo en muchas ocasiones a particulares. Ejemplo: la enajenación continuada del patrimonio municipal en favor de las empresas constructoras; la adjudicación caprichosa de obras a empresas amigas, bien a través de concursos por procedimiento negociado o de complejas y polémicas baremaciones; los convenios urbanísticos firmados entre ayuntamiento y promotoras, y que en bastantes casos lesionaron los intereses del propio municipio, como sucedió con la Unidad de Ejecución Urbanística (A10.1) compuesta por dos fincas que según las notas registrales sumaban 19.489 metros cuadrados, mientras en el plano aportado por la propiedad al ayuntamiento en el momento de solicitar la licencia de obras, la superficie total ascendía a 23.728 metros, sin que se sepa a día de hoy la procedencia de los 4.339 metros de la supuesta mayor cabida. Aún así, el consistorio nada hizo al respecto y a día de hoy en esa zona hay construidas 270 viviendas. Por otro lado, y al margen de la faraónica obra del parking-túnel de Honorio Lozano, cuyo sobrecoste de 20 millones de euros aún no ha sido explicado por los responsables municipales, tenemos otra obra ilógica, caprichosa e innecesaria por su probada ineficacia, como es el puente recientemente construido sobre la A-6, que teóricamente iba a absorber el tráfico procedente de la zona de Las Eras-Los Valles, con la avenida Juan Carlos I. Sin embargo, su utilización es casi nula. Esta obra, realizada y pagada por Iberpistas en concepto de indemnización al municipio por la ampliación de la A-6, pone en evidencia, una vez más, al Ejecutivo presidido por José Pablo González, sobre todo cuando éste, como en el caso que nos ocupa, antepone su capricho personal al interés general de sus representados. De lo contrario, no se entendería que vías próximas y con un denso tráfico, como sucede con las calles Rincón de las Eras y Abogados de Atocha, sigan condenadas a colapsarse diariamente por el cuello de botella provocado por la estrechez del túnel subterráneo de la A-6 y la concurrida rotonda de la avenida de Juan Carlos I, que dificultan el tránsito de vehículos en dirección a la plaza de la Sierra, donde el conductor se encuentra con dos opciones: dirigirse a la zona de la Estación o girar hacia El Gorronal y el P-29. Y es precisamente aquí donde queda en evidencia la errónea ubicación de este puente, construido -¿intencionadamente?- unos metros más arriba del lugar adecuado.