Tres asuntos polémicos

La primera década del siglo XXI, a la que pone el punto y final este año que ahora despedimos, destaca, sobre todo, por los continuos enfrentamientos habidos entre Equipo de Gobierno villalbino y los grupos de la oposición, y por las discrepancias que ha suscitado tanto el futuro emplazamiento del hospital comarcal como la posible implantación de una gran superficie comercial en los terrenos municipales del Caño de la Fragua, al margen de otros pequeños conflictos, no por ello menos importantes, surgidos en el seno de la plantilla municipal (despidos, aperturas de expedientes disciplinarios, desavenencias entre los representantes de la Junta de Personal, etc.). Tampoco debemos olvidarnos de las dificultades surgidas entre el Ayuntamiento y sus sufridos proveedores, consecuencia lógica de los numeras facturas pendientes de cobro, algo debido a la crisis económica en la que se ha visto sumido un Consistorio que ha ejercido el despilfarro hasta la saciedad.

Entre las noticias que a nuestro entender merecen una mayor atención en el transcurrir de estos últimos 12 meses está la publicaba por nuestro periódico el pasado 27 de marzo, en la que nos hacíamos eco de la denuncia presentada por un colectivo vecinal ante la Fiscalía, en relación con el convenio firmado el 14 de junio de 2006 entre la empresa IGS-Villalba y el Ayuntamiento, hecho calificado de un auténtico pelotazo urbanístico, puesto que el Consistorio había aceptado -el alcalde tras la denuncia de ADEI optó por no ratificar el acuerdo- permutar a la citada empresa una parcela sita en Cantos Altos, supuestamente valorada en 4,5 millones de euros, por otra de propiedad municipal en la zona de Prado Manzano que los servicios técnicos curiosamente habían tasado en la misma cantidad. La alarma saltó cuando Alberto Sánchez, portavoz de ADEI, desveló que la parcela de IGS-Villalba, según recogía la escritura de compraventa. había sido adquirida en el mes de enero de ese mismo año en 2,6 millones de euros, lo que permitía generar en apenas seis meses una plusvalía de 1,9 millones (más de 300 millones de pesetas). El asunto aún sigue pendiente del dictamen de la Fiscalía.

El segundo tema en importancia, también con tintes urbanísticos, está relacionado con el polémico Plan Parcial defendido a capa y espada por el alcalde villalbino, José Pablo González, con el que se pretendía modificar el uso de los terrenos municipales del Caño de la Fragua para poder alquilárselos a un operador por poco más de un millón de euros anuales, para que éste los comercializara posteriormente. La intención era construir una gran superficie comercial, desoyendo así la petición de vecinos y colectivos que habían pedido la ubicación en esta zona el futuro hospital comarcal. La admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del recurso Contencioso Administrativo presentado por Ecologistas en Acción, en el que este colectivo pide la anulación del acuerdo de pleno celebrado el pasado 16 de julio, donde se modificaba el PGOU, paraliza de momento un proyecto que había generado también una gran preocupación entre los pequeños comerciantes villalbinos. El tercer asunto ¡cómo no! tiene que ver directamente con la obra del parking-túnel y remodelación de las calles Honorio Lozano-Batalla de Bailén, concretamente con el supuesto expediente abierto por el Ejecutivo que preside José Pablo González a los técnicos responsables de la Dirección Facultativa de una obra que llegó a duplicar su coste de adjudicación, al pasar de 20 a 40 millones de euros. Ha transcurrido casi un año desde que se iniciara la presunta investigación y nada se ha vuelto a saber de este escabroso asunto pese a las reiteradas peticiones realizadas por el grupo municipal de Izquierda Unida con el fin de acceder a dicho documento.