El urbanismo bajo sospecha - Más agentes de las BESCAM

Las consecuencias surgidas de la denominada operación Malaya, donde el número de implicados, entre políticos y empresarios, puede superar el medio centenar, algunos de ellos en prisión, caso de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, además de una decena de ex concejales entre los que se encuentra el ex jugador del Atlético de Madrid, Tomás Reñones, ha vuelto a colocar los temas relacionados con el urbanismo municipal en una sospechosa y preocupante situación cuando, precisamente, tenemos ya a la vuelta de la esquina unas elecciones donde los ciudadanos tendrán que asumir la responsabilidad de elegir en las urnas a sus futuros regidores.

La preocupación dentro de los grandes partidos nacionales por el incremento de los casos de corrupción urbanística es evidente, pero nadie parece dispuesto a ponerle el cascabel al gato. Llamazares, responsable de IU a nivel nacional, ha propuesto cerrar un pacto político entre todas las formaciones antes de la celebración de los próximos comicios locales para acabar con esta lacra, pero mucho me temo que esta invitación no va a prosperar porque los responsables de estos partidos no están dispuestos a poner en peligro una de sus más importantes fuentes de financiación: la procedente del sector de la construcción.

De ahí la ineficacia de esos discursos impregnados de presuntas buenas intenciones o de aquellos en los que se invita a ejercer la honestidad política en el seno de las corporaciones municipales, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Les voy a mostrar un ejemplo sobre el complejo mundo que rodea al urbanismo municipal donde la anarquía campa a sus anchas. Hace pocos días, en una localidad serrana muy próxima a Collado Villalba, Modesto Nolla, secretario de Ordenación del Territorio de la Ejecutiva regional del PSM-PSOE, participó en un coloquio donde se debatían temas relacionados con el urbanismo. El dirigente socialista dijo: “Los convenios urbanísticos son una perversión, una mercadería. El urbanismo no debe ser objeto de negociación en ningún caso, porque en el urbanismo entendido de esta manera prima el interés de los particulares sobre el general de los ciudadanos. Los convenios urbanísticos monetarizados (enajenación de parcelas de propiedad municipal) son perjudiciales para los consistorios, porque las cantidades que percibe por este concepto la hacienda local se gastan alegremente y el patrimonio municipal se deteriora”.

Pues bien, mientras el señor Nolla afirmaba todo esto, a muy pocos kilómetros de distancia, su compañero de partido, el alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, convocaba una rueda de prensa para anunciar la venta de varias parcelas de propiedad municipal por un importe superior a los 5 millones de euros. Pero la cosa no terminarán ahí, porque el regidor local ya ha anunciado que en lo que resta de año el Ejecutivo local va a seguir vendiendo suelo por un importe total de 17 millones de euros
En cuanto al otro tema, es decir al relacionado con los favores a promotores y constructores, o para ser más claros, el de la corrupción desmedida vía recalificaciones de terrenos, convenios urbanísticos de dudosa legalidad, permutas maquilladas, concursos hechos a medida, etc, ahí están esos municipios donde algunos políticos gustan de traspasar la línea que separa lo legal de lo ilegal, pero por muchos indicios que haya si no se tienen pruebas de estas irregularidades lo mejor es dejar que los nombres de los implicados queden a merced de la perspicacia del suspicaz lector (como decían en la revista La Codorniz cuando intentaban evitar la censura), porque la gente no es tonta y sabe perfectamente de qué va la cosa.

MÁS AGENTES DE LA BESCAM.- La luz a nuestra sección de hoy la pone el anuncio realizado por el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, sobre el futuro destino de agentes de las BESCAM a aquellos municipios cuyos censos superen los 10.000 habitantes (hasta ahora sólo afectaba a aquellos que tenían 25.000), lo que supondrá una importante mejora en el capítulo de seguridad ciudadana. Así, en el primer trimestre del próximo año localidades como Alpedrete, El Escorial, Valdemorillo y Moralzarzal contarán, cada una de ellas, con 20 agentes de Policía procedentes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad, además de una serie de medio técnicos para que estos pueda desarrollar su labor. Esta importante medida puede complementarse con la modificación de la ley orgánica que el Ejecutivo madrileño ha solicitado al Gobierno central para poder mancomunar las policías locales de los pueblos pequeños, lo que permitiría mejorar aún más la seguridad ciudadana de una comarca donde últimamente se han prodigado los robos en viviendas y establecimientos públicos.

Esta noticia ha sido recibida lógicamente con satisfacción por parte de los alcaldes de unos municipios que muchas veces se han visto impotentes a la hora de intentar poner freno a la ola de robos que, sobre todo en los últimos años, se vienen produciendo en algunas urbanizaciones de unos términos municipales afectados por un desarrollo demográfico importante. Y esta satisfacción puede ser por partida doble si saliese adelante la propuesta realizada por Luis Partida, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, en la que solicita al Gobierno que preside Esperanza Aguirre la extensión de esta cobertura policial a los pueblos con más de 5.000 vecinos.

El esfuerzo económico que está realizando la Comunidad de Madrid para paliar las deficiencias existentes en el capítulo de seguridad ciudadana, aún sin ser un tema de su competencia, en una comarca que supera ya los 250.000 habitantes, está a la vista de todos y a poco que el Gobierno central ayudase en este aspecto dotando de más efectivos humanos y materiales los cuarteles de la Guardia Civil, el problema de la delincuencia que tanto preocupa a los que residimos en la Sierra del Guadarrama pasaría a un segundo plano. De momento se ha dado un importante paso con el anuncio realizado por concejero Alfredo Prada del envío de un importante contingente de agentes de la BESCAM a municipios con más de 25.000 habitantes.