Polémica por la orden de desahucio de las viviendas sociales en alquiler
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
“Me gustaría que conocieran de primera mano la situación de uno de los 18 vecinos a los que la noticia hace referencia, si bien me permito hablar en nombre y representación de todos. Me resulta sorprendente que haya representantes de determinadas formaciones políticas que se hayan autoproclamado portavoces de los vecinos afectados, cuando ningún partido político, absolutamente ninguno, se ha puesto en contacto con nosotros para conocer nuestra dramática situación.
Pero lo que me resulta indignante es que esos mismos autoproclamados portavoces utilicen nuestra, repito, dramática situación como objeto arrojadizo en la contienda política. Es vergonzoso politizar un asunto que, por encima de cualquier otra consideración, es un drama social y personal para los vecinos afectados. Efectivamente, somos un grupo de 18 familias de Torrelodones. Todos nosotros, y por distintas circunstancias, resultamos adjudicatarios, bien por sorteo público, bien por puntuación baremada en función de criterios sociales, de una VPO en régimen de alquiler con un contrato de cinco años de duración, a cuya finalización, y en caso de cumplir con los requisitos establecidos, se nos daría la oportunidad de volver a optar a un nuevo contrato de alquiler mediante el mismo criterio de adjudicación (dependiendo de cada caso concreto). La realidad es que desde la fecha de extinción de los contratos, hace algo más de 13 meses (en algunos casos más de 20), SUMTOSA (Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones) no sólo no ha sacado nuevas bases para la adjudicación de los nuevos contratos, sino que se nos transmitido reiteradamente el propósito de dicha sociedad de dar una solución definitiva a las familias, todas ellas en situaciones muy complicadas, algo que nunca llegó a concretarse, pese a los muchos rumores que se hicieron circular al respecto. Este propósito queda avalado por el hecho de que SUMTOSA ha seguido percibiendo durante todo este tiempo las cantidades correspondientes a los alquileres de todos nosotros y por el voto a favor de todas las formaciones políticas representadas en el Consejo de Administración, en reunión celebrada el pasado día 26 de marzo de 2009, en cuyo punto 3 del orden del día, cito textualmente, se dice: Dada la precaria situación financiera de la Sociedad Urbanística se decide, por unanimidad de todos los presentes, proceder a su liquidación, previa venta de todos sus inmuebles, otorgando preferencia a los actuales inquilinos, a decidir en su día. Considero que la transcripción de dicho punto habla por sí sola y otorga a cada cual su grado de responsabilidad en este drama social. Muchos de nosotros, por no decir todos, no sólo seguimos en las mismas condiciones que nos hicieron ser adjudicatarios de las VPO en un primer momento sino que, a lo largo de estos años, hemos visto cómo nuestra situación personal, familiar y/o laboral se ha deteriorado considerablemente. [...] La realidad es que, una vez ejecutados los desahucios, todos y cada uno de nosotros nos veremos, literalmente, en la calle. Me permito rogarles que no politicen nuestro drama personal. No olviden que detrás de la polémica hay familias que, si Dios o la justicia no lo remedia, se verán empujadas a la más absoluta indefensión”.
J. R. D (publicado en
www.elfarodelguadarrama.com)