El pleno reclama a Fomento alternativas al proyecto para desdoblar las vías del ferrocarril

Los cuatro grupos con representación municipal (PP, PSOE, Vecinos por Torrelodones y Actúa) aprobaron ayer por unanimidad el envío al Ministerio de Fomento de una declaración institucional en la que se formulan varias solicitudes sobre el proyecto para desdoblar las vías de ferrocarril a su paso por la localidad. En el documento, se estima que el proyecto tendría unas consecuencias negativas, por lo que los cuatro grupos, aún apoyando el objetivo de incrementar la capacidad del corredor ferroviario, y considerando especialmente urgente aumentar la capacidad y velocidad de las líneas de Cercanías C-8 y C-10, reclaman que se “definan alternativas que minimicen la afección a los vecinos, así como los efectos ambientales del proyecto”. Asimismo, se pide que se contemplen “soluciones al problema del aparcamiento en las proximidades de la estación de Torrelodones, y proponga soluciones para el intercambio entre los diferentes modos de transporte”. Asimismo, se propone a Fomento que se “comience a analizar la posibilidad de construcción de una nueva estación y un aparcamiento en el Área Homogénea Sur y, si es posible, que se incorpore al estudio informativo”.

Por otra parte, el pleno también aprobó el expediente de contratación de gestión de servicio público para redacción de proyecto, construcción y explotación del cementerio y tanatorio de Torrelodones. La empresa concesionaria será Inversiones Funerarias Reunidas, S.L., que deberá encargarse de la remodelación de estas infraestructuras y abonar un canon fijo anual al Consistorio de 130.000 euros, además de uno variable del 10 por ciento. La concesión tendrá una duración de 35 años y se ha rechazado la propuesta, contemplada como mejora por los licitantes, de incorporar a las instalaciones un crematorio, dada la proximidad de zonas residenciales. Los grupos de la oposición han votado en contra de la aprobación de este punto basándose en un informe de Intervención que advierte del riesgo de la viabilidad económica del proyecto. Sin embargo, la edil de Ordenación del Territorio, Marta Campesino, ha explicado que a pesar de las dudas sobre ese aspecto, y dado que el informe jurídico determina que el proceso de contratación se ajusta estrictamente a la Ley de Contratos del Estado, el hecho de declararlo desierto podría desembocar en la presentación de un contencioso administrativo por parte de la concesionaria. En cualquier caso, la edil ha confirmado que el Equipo de Gobierno “va a vigilar y perseguir el cumplimiento del contrato, y si no se diera, se extinguiría el mismo y se convocaría un nuevo concurso”.