Los ayuntamientos buscan acabar con sus deudas

Ante la agudización de la crisis y su efecto directo en las haciendas locales, los ayuntamientos se sienten obligados a tomar medidas antipopulares y urgentes para poder salir de este atolladero. Así, temas que hasta ahora parecían intocables para nuestros ediles, están volviendo a las mesas de negociación para de esta manera poder frenar el descalabro económico en el que se encuentran la mayoría de los consistorios serranos. Y esto pasa, entre otras medidas, por congelar las ofertas de empleo público, la regulación de puestos de trabajo (incluidos cargos de confianza), el recorte de los gastos corrientes y de mantenimiento y también dar un fuerte tijeretazo a las partidas destinadas a fiestas y otras actividades de tipo recreativo.

Y esto es, más o menos, lo que ha hecho el Ayuntamiento de El Escorial a través de un minucioso Plan de Saneamiento, cuyos resultados se han dado a conocer en la sesión plenaria celebrada esta semana en la Villa, donde Conchita Vicente, concejala responsable del área de Hacienda, anunció que en el transcurso de este año “hemos pagado los 4.600.000 euros que adeudábamos a nuestros proveedores”, añadiendo posteriormente: “El hecho de que nuestra tesorería tenga superávit es un dato que nos debe alegrar”. Enhorabuena y que cunda el ejemplo.

También el actual Ejecutivo de Galapagar quiere poner fin a la precaria situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento, precariedad que fue denunciada hace dos años (enero de 2008) por la entonces alcaldesa socialista, Carmen Toledano, calificándola como ‘quiebra técnica’. Pues bien, el Equipo de Gobierno que preside Daniel Pérez (PP) se ha puesto entre sus objetivos solucionar en parte la partida dedicada a gastos de personal, un problema endémico en este Ayuntamiento, y a tal fin propuso el despido de seis trabajadores. Y claro, se ha montado la marimorena. Nos consta que la propuesta no era innegociable, que había otras alternativas que Ejecutivo y sindicatos estaban negociado hasta que estos rompieron el diálogo y decidieron encerrarse en La Pocilla, una decisión que, curiosamente, fue respaldada por el PSOE local, principal grupo de la oposición, que por el simple hecho de haber gobernado durante el primer año de legislatura conoce perfectamente la situación de las arcas municipales. Claro que cuando más revuelto esté el río, más rédito político se obtiene. En fin, al margen de si ha sido más o menos acertado plantear en estos momentos una reducción de plantilla, creo que las fuerzas políticas y sociales de Galapagar deben negociar y consensuar una salida a su precariedad económica. Lo contrario sería jugar con fuego.

La nueva Ley de Seguridad Vial cambia puntos por euros

Con la entrada en vigor, el pasado miércoles, de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, muchas de las infracciones que anteriormente suponían la retirada de puntos del carné, ahora han quedado tipificadas monetariamente. Las líneas básicas de la nueva reglamentación pasan por la agilidad en la notificación de las multas o el pago in situ de la infracciones con tarjeta de crédito, con un descuento por pronto pago de hasta el 50 por ciento. Por otro lado, el titular de un vehículo que acumule cuatro sanciones graves o muy graves no podrá venderlo hasta no haberlas pagado. Las sanciones leves se castigarán con multa de hasta 100 euros; las graves hasta 200 y las muy graves hasta 500, y se respetará el margen de error de los radares (entre el 2 y el 10 por ciento). Por el contrario, la conducción negligente, como parar o estacionar en curvas, cambio de rasantes, túneles, pasos inferiores o cualquier otro lugar peligroso, aunque constituya un riesgo para los conductores, no restará puntos. De ahí que ya sean muchos los que califiquen esta ley de recaudatoria en vez de reeducativa, al primar los ingresos en caja a la sanción administrativa. De momento, una empresa especializada en la defensa de los conductores ha denunciado en la oficina del Defensor del Pueblo la inconstitucionalidad de esta Ley.

Fiscalía, casos de corrupción y financiación municipal

Tras la revelación hecha por el fiscal general del Estado de que actualmente hay abiertas en España 730 investigaciones a cargos públicos por corrupción (264 del PSOE y 200 del PP), recobra actualidad un asunto que, además de poner en juego intereses y dineros públicos, pisotea los derechos de los ciudadanos. Me viene ahora a la memoria la intervención en el Congreso de la diputado de Nafarroa Bai, Uxue Barcos (en la imagen inferior): “Un día sí y otro también, los casos de corrupción copan los medios de comunicación, comprometiendo el buen nombre de los ayuntamientos, y creo que muchos de estos casos obedecen a las necesidades de financiación de estos”. La respuesta de Rodríguez Zapatero fue tajante: “Desgraciadamente, muchos supuestos de corrupción no tienen que ver con las medidas de financiación de los ayuntamientos, sino con otras medidas mucho más inmorales”. Una opinión que yo también suscribo.